El parlamentario estima que la generación de la cédula inmobiliaria es otra violación al ordenamiento jurídico venezolano, pues este tipo de censos los debe realizar el municipio únicamente para el cobro de impuestos.
La fracción opositora de la Asamblea Nacional (AN) espera interactuar con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para solicitar que se suspenda el Censo Nacional de Población por considerarlo inoportuno e ilegal y «muy sospechoso».
Así lo indicó en entrevista con Contrapunto el diputado a la AN, Enrique Márquez, quien opina que este proceso que promueve el Gobierno Nacional es improvisado, desorganizado e ilegal.
Explicó que el parlamento propone dejarlo para la fecha que corresponda (2021) y que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comience a realizar los preparativos como corresponde.
«Tiene una serie de problemas que hacen que lo mejor que le podamos recomendar al Gobierno es que lo posponga», aseveró.
El diputado también recordó que es la AN, el organismo que debe aprobar el informe del INE, y si desde el principio manifestaron su desacuerdo porque no se están cumpliendo las normas, el Gobierno Nacional «debería resolver los problemas que señalan porque, de lo contrario sería una pérdida de tiempo y dinero».
A su juicio, es inoportuno por el momento que atraviesa el país en el que la mitad de la población «difícilmente» tenga servicio eléctrico o agua potable. «Yo diría que es hasta ofensivo para la gente», aseveró Márquez.
Indicó que este proceso es ilegal porque no lo realiza el INE, organismo que debe preparar «con mucha antelación» eventos de este tipo. En ese sentido, también condenó que se utilice personal de la Milicia Bolivariana y del Movimiento Somos Venezuela, lo que para él es otra ilegalidad porque «habla de la carencia de neutralidad del censo».
«Es muy sospechoso que se haga con personas afectas al Gobierno», aseveró, por lo que duda de la palabra del vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez.
Igualmente, cuestionó que el Censo Nacional de Población y Vivienda coincida con un registro que realizan los consejos comunales asociados a las viviendas desocupadas.
El censo pautado para este año contempla en una primera etapa de levantamiento de información inmobiliaria, que implica un conteo de bienes inmuebles que existen en el país entre viviendas, comercios y locales, a los cuales se les asignará un código QR, según explicó en su momento el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez.
Luego se llevará a cabo la fase de empadronamiento familiar, en la que los ciudadanos tendrán que ingresar sus datos en un sistema en línea,siendo luego verificados por los empadronadores en las visitas casa por casa, con solo escanear el código QR.
Esta etiqueta con código QR que se colocará a todos los inmuebles se identificará con una cédula inmobiliaria, que según explicó Menéndez, servirá para tener varias fuentes información sobre trámites cotidianos y más adelante servirá para pagar los servicios públicos, entre otros usos.
Sobre este elemento, Márquez indicó que la generación de la cédula inmobiliaria es, a su juicio, otra violación a la Constitución y las leyes, pues de acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano este tipo de censos los debe realizar el municipio únicamente para el cobro de impuestos, elemento que no se encuentra entre los objetivos gubernamentales.
Por ello, desde el Parlamento piden a las familias venezolanas no colaborar con este proceso porque «de ahí no saldrán buenos elementos estadísticos y demográficos sino nuevos procesos de amedrentamiento y persecución política».
