Jorge Rodríguez recordó que denunció la «gigantesca trama de corrupción de Guaidó con dinero enviado a Cúcuta para reclutar sicarios»
El Gobierno venezolano ratificó la denuncia emitida el pasado 23 de marzo contra el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, por su vinculación en el entramado de corrupción y conspiración internacional que se gestaría desde Cúcuta, ubicada en Colombia, contra Venezuela.
La confirmación realizada por el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, respondió a una publicación del portal informativo The PanAm Post que develó el desvío de recursos, malversación de fondos y fraude cometido en Colombia a raíz del pretendido ingreso de cargamentos de supuesta «ayuda humanitaria» al país.
En el artículo titulado «Enviados de Guaidó se apropian de fondos de ayuda humanitaria en Colombia», refieren como novedad la autorización concedida a los militantes del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP) Rossana Barrera y Kevin Rojas para la «atención de la situación de los venezolanos, civiles y militares que ingresan a territorio colombiano buscando ayuda y refugio».
Barrera, junto a Kevin Rojas, asumió completamente la operatividad de lo que ocurría en Cúcuta y se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares (desertores). Las alarmas se encendieron cuando Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran», reza el texto firmado por el columnista Orlando Avendaño.
Ante ello, el también ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información recordó que «denunciamos gigantesca trama de corrupción de Guaidó con dinero enviado a Cúcuta para reclutar sicarios», en referencia a las pruebas que vinculaban al dirigente de ultraderecha con la formación de asesinos procedentes de Honduras y El Salvador para perpetrar actos terroristas en Venezuela.
Incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó una «investigación esclarecedora» sobre la denuncia de corrupción que pesa sobre los emisarios designados por Guaidó.
