“¿Por qué se criminaliza a la clase trabajadora? Porque el gobierno tiene un paquetazo antiobrero y antipopular que es el plan económico que ellos llaman de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, acusa José Bodas, secretario general de la Futpv
Más de 100 trabajadores venezolanos están presos o judicializados. Estos son los casos que, hace una semana y en el Palacio de Justicia de Caracas, denunciaron militantes de izquierda, dirigentes gremiales y familiares de los encarcelados. Son 152, puntualizó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV; 36 de ellos ya están en cárceles y uno solo tiene sentencia: Rodney Álvarez.
Más de 20 son del sector petrolero, explicó el dirigente sindical José Bodas, secretario general de la federación unitaria de trabajadores petroleros de Venezuela. Todos, sentenció, “son presos políticos, presos de este gobierno porque este gobierno quiere aterrorizar a la clase trabajadora para seguir aplicando este paquetazo de hambre”.
El ejecutivo de Nicolás Maduro ha planteado un programa económico sobre el cual pocos detalles se conocen, y una ley antibloqueo que garantiza el secreto de las transacciones, lo que podría dar pie a privatizaciones “a la rusa”, como lo han denunciado organizaciones gremiales.
Las detenciones de trabajadores ocurren “cuando, en el uso pleno de su ejercicio sindical, van a exigir la defensa de los derechos contractuales” y este hecho se convierte en una forma de amedrentar a otros, apuntó Sánchez.
“¿Por qué se criminaliza a la clase trabajadora? Porque el gobierno tiene un paquetazo antiobrero y antipopular que es el plan económico que ellos llaman de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, que “no es más que un paquetazo antiobrero y antipopular”, acusó Bodas.
“Estos presos no entran en la agenda ni del gobierno, que es su verdugo; y tampoco entran en la agenda de la oposición de derecha que se sienta con el gobierno”, aseguraron los manifestantes ese jueves 22 de julio. “Solo podemos confiar en nuestra propia fuerza”, resaltaron, e insistieron en “la unidad para la lucha con una perspectiva independiente, tanto del gobierno, que es nuestro verdugo, como de la oposición de derecha aliada al imperialismo”.
Los familiares de los presos se fueron agrupando, convencidos de que eran excepciones. “Nuestra mayor sorpresa fue cuando nos dimos cuenta de que hay más de una centena de trabajadores presos por un presidente que dice llamarse obrero”, aseveraron.
Pero no son solo los presos. Han ocurrido, también, despidos y jubilaciones: “Más de 50 trabajadores y activistas están luchando” solo en el sector petrolero, señaló Bodas.
No dudaron en calificar al gobierno de “antiobrero, fascista y, de paso, neoliberal”, y aseguraron que los dirigentes oficialistas “soltaron el morral de Chávez y agarraron el maletín de Fedecámaras”.
Luis Zapata, de la Alternativa Popular Revolucionaria, afirmó que “sigue la criminalización y la judicialización de la clase obrera venezolana” y llamó a los trabajadores a organizarse. “Va a seguir la represión. El gobierno lleva un camino con un proyecto neoliberal que va a ser reprimir, precarizar todas las condiciones de vida para la clase trabajadora”.
Este jueves 29 de julio se difundieron las nuevas tablas salariales del sector universitario, acordadas entre la administración de Maduro y la federación de trabajadores universitarios. Organizaciones como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) consideran que los firmantes de este convenio son organizaciones “de maletín”, supuestamente vinculadas con el oficialismo y no representativas de la voluntad mayoritaria del sector.
Los dirigentes sindicales aseguran que el gobierno de Maduro no quiere discutir contratos colectivos de verdad y prefiere mantener “a los trabajadores venezolanos con un salario de hambre de tres dólares”, mientras encarcela a quienes protesten “porque quieren que los trabajadores tengamos miedo”, como lo expuso Bodas.
“Con la movilización y la lucha los vamos a sacar de la cárcel”, prometió Bodas, trabajador de la industria petrolera por más de 30 años. La persecución “no va a parar a la clase trabajadora”, reitera Sánchez.
