Un memorial de agravios presentaron en la sede del PNUD, en Caracas, organizaciones como la Coalición Sindical Nacional, activistas como Luis Escobar Ugas y jubilados como Dorkis Muñoz y Roberto Carpio
El lenguaje de la denuncia es universal. Va acompañado de lágrimas, voz alta, reiteración. Ese lenguaje fue el protagonista, este jueves 26 de enero, de una concentración en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Obreros universitarios, estudiantes, dirigentes sindicales, activistas de derechos humanos llevaron sus quejas con la esperanza de que sean recibidas por Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien se encuentra de visita en Venezuela.
Türk arriba al país en medio de una alta conflictividad laboral, con dos y tres protestas por semana.
José Pérez, secretario de reclamos de Fenasoesv y trabajador de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, llegó antes de la hora. Era su cumpleaños y lo festejó con su mensaje a Türk para rechazar que otras organizaciones hablen a nombre de los trabajadores públicos ante Naciones Unidas. «Hay unos individuos que no sé quién los autorizó para que negociaran por nosotros. Nosotros somos 23 mil obreros de la federación. ¿Quién los autorizó para que negociaran por nosotros, si tenemos nuestra propia federación? Nombraron un individuo a dedo para que vaya a negociar por nosotros», explicó Pérez.
Como obrero afirma que el Estado sí tiene dinero para pagar un salario igual al costo de la canasta básica. «Fíjate las incoherencias. El lunes 23 de enero, cuando estábamos en Parque Carabobo en la marcha, en la Fiscalía, no pudieron guardar dos camionetas. Cada camioneta cuesta entre 80 mil y 90 mil dólares. Y nosotros peleando porque estamos ganando seis miserables dólares». Un obrero gana quincenalmente entre 90 y 110 bolívares. «Por eso tenemos que salir a la calle. Aunque el presidente dice que todo el que protesta es su enemigo, y no es así; al contrario. Si es un sindicalista y presidente, tiene que atender a todos por igual».
Luis Rafael Escobar Ugas, activista de derechos humanos, se presentó en la ONU con la foto de su esposa, Elizabeth Salazar, fallecida en Colombia. «Estoy acompañando la protesta justa de trabajadores venezolanos por un salario digno que les permita comer, acceder a las medicinas», contó. También quería «levantar la voz por todos los pacientes que han emigrado de Venezuela enfermos por no recibir tratamiento y atención médica en Venezuela», algunos de los cuales «murieron en el camino y otros murieron al llegar a su destino».
Elizabeth Salazar se convirtió en un símbolo de la crisis de los pacientes crónicos. Ella necesitaba quimioterapia, y como el Ministerio de Salud no se la entregaba, descubrió sus pechos durante una protesta en Plaza Caracas. Escobar y Salazar migraron a Colombia en busca de una oportunidad para ella, pero «me la desahuciaron, ya no había nada que hacer por la falta de tratamiento en Venezuela». Falleció en 2019 en Cúcuta, en el exilio. Está enterrada en el cementerio Gólgota. «Su cuerpo reposa allá. Esa es una lucha que hay que dar. Han muerto más de 6 mil venezolanos, sus cuerpos reposan en tumbas prestadas y tiene que haber una lucha para repatriar esos cuerpos». Escobar Ugas afirma que, al morir su esposa, decidió regresar a Caracas.
La defensa del derecho a la educación llevó a Jorge Montes, estudiante de Carabobo, a las puertas del PNUD. «Hay derechos inalienables, irrenunciables. El derecho a la educación está establecido en la Constitución, pero nuestros maestros no pueden salir a la calle a formar las nuevas generaciones si no tienen sustento», razonó. «Exigimos que den clases en condiciones dignas». Montes enumeró, también, los problemas de infraestructura, la alimentación escolar. El alto comisionado, aseveró, debe «exigirle al Estado venezolano el cumplimiento de nuestra Carta Magna» y emplazarlo para que cumpla con los compromisos suscritos internacionalmente.
Los jubilados también hablaron. Dorkis Muñoz, de la Coalición Sindical Nacional, solicitó que el alto comisionado escuche a los trabajadores. «¿Qué hacemos los pensionados con 130 bolívares? ¿Qué hacemos los jubilados con 200 bolívares?», interrogó Roberto Carpio, dirigente del Ipasme. La respuesta la ejercitan a diario y se resume en una palabra: Sobrevivir.
