Aseguran que han fallecido «220 trabajadores a nivel nacional», entre muertes por accidentes laborales y de contagio por COVID-19, por falta de atención médica y no contar con la vacunación
Este lunes 2 de agosto, los trabajadores del sector eléctrico se reunieron para denunciar el desalojo de la sede del sindicato en El Rosal y solicitar la asignación de un nuevo espacio para las juntas directivas.
«Violentaron esta casa y dicen que con la autorización del ministro Néstor Reverol, no mostraron evidencias ni ningún acta, pero ellos dicen que están apegados a la ley y cumpliendo órdenes», alertó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Electricistas, Reinaldo Díaz.
«Hago un llamado al ministro porque en esta casa tenemos 56 años ejerciendo y este sindicato está fundado legalmente y dice que no podemos ser desalojados al menos que usted, ministro, nos provea de otro espacio con las mismas condiciones para reunirnos», expresó el sindicalista.
En este sentido aseguró que, se está «violando el derecho de 3.300 afiliados del sindicato, de los trabajadores, porque no solo está en juego la casa sino la libertad sindical. Se está violando el derecho a protestar y lo derechos humanos».
Trabajadores enfrentan enfermedades y accidentes sin salario
«No tenemos un plan de salud, ni HCM, ni siquiera para los trabajadores activos ni menos jubilados (…) no tenemos salarios, solo un bono que el patrón entrega a quién decida», dijo el representante del gremio.
Además, aseguró que los fallecimientos de los empleados incrementan por la falta de insumos y la demora para el proceso de vacunación.
«Ya han muerto 220 trabajadores a nivel nacional, entre muertes por accidentes laborales y de contagio por COVID-19, por falta de atención médica y no contar con la vacunación», dijo Díaz.
«Denunciamos la muerte de una compañera en un subestación y la quemadura en 95% de otro compañero que estuvo en coma y que colectivos que se identificaron ante nosotros como Gerard Peña y José Graterol, quitaron las cerraduras de nuestro sindicato quedando secuestrada la sede, sin permitirnos el acceso a la junta directiva», concluyó Díaz.