Pensionados y jubilados solicitan la indexación salarial. Trabajadores despedidos de la empresa Neminca exigen su reenganche
Se supone que el defensor del Pueblo es independiente y actúa con libertad de conciencia. Este mandato llevó este viernes a jubilados, pensionados y trabajadores de la construcción a reunir sus quejas en la plaza Morelos, en las puertas de la institución, para solicitar su intervención.
La Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela solicitó la indexación de salarios y pensiones. Urimare Capote, integrante de esta instancia, sostuvo que la Defensoría del Pueblo es una institución «para defender los derechos humanos, y la seguridad social es un derecho humano». Capote aseguró que en Venezuela «hay un exterminio por hambre» y sostuvo que van a agotar la vía nacional para recurrir a instancias internacionales.
«Solo nos falta ir a Miraflores» pero la avenida Urdaneta «es una avenida vedada para el pueblo venezolano», criticó. «Nos estamos dispuestos a seguir esperando», enfatizó Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados.
Trabajadores que denunciaron haber sido despedidos de la empresa Neminca -que trabaja en la construcción del estadio de beisbol de La Rinconada- también se presentaron en la Defensoría a fin de solicitar que este organismo los ayude en sus reclamos.
Carlos Pinto, integrante de la Coalición Sindical Nacional, indicó que desde septiembre pasado han despedido a más de 700 trabajadores. «Queremos el pago de prestaciones sociales», reiteraron. «Despiden a los trabajadores sin reconocerles lo previsto en el contrato colectivo», lamentó Pinto.
«Yo fui uno de los primeros retirados el 13 de septiembre, y hasta el sol de hoy hemos cobrado ni prestaciones, ni utilidades, ni los útiles de los muchachos», denunció Alexis Letidel. «Queremos que nos paguen nuestras utilidades y lo que nos corresponde». El ministro del Trabajo «está en la obligación constitucionalmente de hacer cumplir los contratos colectivos», aseveró Pinto. El alegato de que la obra terminó fue rechazado por los despedidos, como Antonio Canelón: «Cada día meten 100 y 200 personas más. Meten a más personas».
