Roland garcía, presidente de la ONG, detalló que los «actores responsables» a estas acciones violatorias son 42.2% del CICPC, 2.6% SEBIN, 7.4% PNB, 8.5% GNB y 9.3% Conatel
La Fundación de Derechos Humanos Los Llanos y el estado Táchira (Fundehullan) denunció que en esta región venezolanos hubo al menos 599 vulneraciones a los Derechos Humanos en el año 2023 por parte del Estado, lo que representa el 1,6 de acciones violatorias por día, y el incremento del 67% de estos hechos con respecto al 2022 en el que fueron reportadas 358 acciones en contra de los DDHH.
Así lo informó la Organización No Gubernamental (ONG) durante este jueves 30 de mayo en su presentación del cuarto informe anual de criminalización de la Sociedad Civil. Añadió que los «actores responsables» a estas acciones violatorias son 42.2% del CICPC, 2.6% SEBIN, 7.4% PNB, 8.5% GNB y 9.3% Conatel.
“El Estado continúa aplicando métodos coercitivos, métodos que al final vulneran los DDHH. El Estado direccionó una política dirigida no solo a limitar el ejercicio ciudadano a los DDHH, sino también a lograr que las ONG se inhiban a no participar”, alertó Roland García, presidente de Fundehullan.
Estas acciones violatorias a los DDHH fueron disgregadas de la siguiente manera: 198 vulneraciones al derecho a la integridad física, persecución y amenazas; 105 vulneraciones al derecho a la libertad personal, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y retenciones; 94 vulneraciones al derecho a la manifestación pacífica, intimidación y persecución.
Asimismo, 88 vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación, criminalización de la sociedad civil, estigmatización, intimidación y persecución; 74 vulneraciones al derecho a la libertad de expresión, cierre de programas de radios y emisoras independientes y críticas al Gobierno, intimidación a periodistas; 38 vulneraciones al derecho a la participación ciudadana; y 2 vulneraciones al derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales.
Ante esto, la ONG exhortó al Gobierno venezolano a “cesar de forma inmediata la política de criminalización de la labor de los defensores, activistas y trabajadores humanitarios” e instó a que se respete el derecho a la libertad personal y, además, sean puestos en libertad plena a los ciudadanos, miembros de la sociedad civil, que ya han sido procesados por el Estado.
Fundehullam exigió que los operativos realizados por instituciones policiales “garanticen” el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de Tránsito. Así como también que se garantice la labor periodística y promover el derecho a la libertad de expresión, consagrados en la Constitución.
La ONG subrayó el incremento de violación de los DDHH en comparación con el 2022: 167% vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación, empleando la política de criminalización, riesgo y acciones contra las organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, organización no gubernamental (ONG), fundaciones y movimientos de Derechos Humanos en la región de los llanos.
114% Vulneración al derecho a las manifestaciones pacíficas (persecución y estigmatización contra las manifestaciones pacíficas).
En cuanto a los siguientes derechos se presentó una disminución en comparación con el año 2022: 9% Vulneración al derecho a la libertad de expresión (cierres de programas de radios, emisoras, agresión a periodistas. 40% Vulneración al derecho a la libertad personal (detenciones arbitrarias, secuestro, desaparición forzada y retenciones).
Con información de Nota de prensa
