El abogado Joel García, defensor de los activistas de derechos humanos, insistió en que es posible llegar a un acuerdo porque lo que buscan es dialogar y no confrontar
A la demanda por presunta difamación interpuesta en su contra por el gobernador de Carabobo, el dirigente chavista Rafael Lacava, los defensores de derechos humanos Marino Alvarado y Rafael Lacava respondieron con una propuesta de conciliación. Pero, como lo aclararon este jueves en rueda de prensa, conciliación sin impunidad.
Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, y el padre Infante, presidente de la Fundación Centro Gumilla, denunciaron en marzo pasado la comisión de más de 200 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía del estado Carabobo. Los activistas de derechos humanos instaron al mandatario a revisar qué sucedía con el cuerpo policial bajo su mando.
La respuesta de Lacava llegó en forma de demanda por presunta difamación. Esta es una acción privada, aclaró este jueves el abogado Joel García, defensor de Alvarado e Infante.
García no ha podido juramentarse como defensor, subrayó. Sin embargo, subrayó que debe acordarse un acto de conciliación en el cual las partes «vamos a establecer un diálogo, a ver si es posible conciliar o no». Y apuntó que, de no prosperar la conciliación, «vamos a tener que ir a un juicio oral y público, en el cual se determinará la responsabilidad o no de Marino Alvarado y del padre Infante».
Para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Carabobo la demanda de Lacava es «una afrenta al derecho a la vida, al derecho de tener una investigación, una reparación, una no repetición», alegó García. Anunció, por otra parte, que a esas víctimas «las vamos a promover como testigos ante este proceso; que sean ellas mismas las que puedan narrar cómo, cuándo, dónde sucedieron esos hechos, y si estamos en presencia de una difamación o no».
El rol de Lacava debe ser facilitar las investigaciones, enfatizó Alvarado.
El defensor de derechos humanos insistió en que Lacava puede abrir los espacios para investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales y construir una política de derechos humanos.
«Tenemos muchos años recibiendo amenazas», recordó Alvarado. Ni las del pasado ni las que pueda haber en el presente ni las que puedan venir nos amilanarán, sostuvo Alvarado.