El Observatorio Venezolano de Prisiones mostró este jueves su preocupación por el “traslado de los presos políticos” desde sedes militares y de inteligencia a cárceles comunes de alto riesgo y pidió que se garantice su integridad física, mental y sus derechos
Este viernes, el diputado electo en 2015, Humberto Prado, rechazó la reciente decreto en Gaceta Oficial No. 42.125, el Decreto No. 4.610, donde se ordena a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el traslado de los presos políticos a la custodia del Ministerio de Asuntos Penitenciaros.
En ese sentido, en una nota de prensa de la dirigencia de Juan Guaidó, el dirigente rechaza enfáticamente esta medida administrativa «fundamentada en intereses políticos, materializando un traslado de custodia sin basamento jurídico ni práctico de personas que, en primer lugar, nunca debieron haber sido privadas de su libertad»
«Este Decreto, así como las medidas que contiene sobre el traslado de custodia de los presos políticos, se erige inexorablemente fuera del orden jurídico y, por consiguiente, plenamente inconstitucional, evidenciando una ruptura continuada del principio de separación de poderes y la trasgresión absoluta de la autonomía de la que debería gozar al Poder Judicial», dijo en el documento.
Además de eso, afirmó que la población reclusa supera las 37.500 personas, demostrando como las cárceles venezolanas se encuentran bajo hacinamiento crítico en un 171.28 % por encima de su capacidad real, y tomando en consideración, además, que un 40 % de dicha población reclusa se encuentra en condiciones de urgencia médica, de donde se ha demostrado que al menos un 63.46% de dichas personas fallecen en los centros de reclusión como consecuencia, principalmente, de desnutrición y enfermedades como la tuberculosis, según información recopilada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Por su parte, el OVP mostró este jueves su preocupación por el “traslado de los presos políticos” desde sedes militares y de inteligencia a cárceles comunes de alto riesgo y pidió que se garantice su integridad física, mental y sus derechos, ya que “no deberían estar tras las rejas”.
“El traslado de los presos políticos a centros penitenciarios no les garantiza su integridad física ni mental, considerando que el Estado venezolano no se hace responsable de la alimentación, la salud ni siquiera del derecho a la vida”, manifestó la organización a través de un comunicado.
El OVP se refirió así al traslado de varios reos a prisiones comunes, donde se producen, según diversas organizaciones que realizan el monitoreo constante en las cárceles, 350 asesinatos al año entre reclusos.
Por otro lado, más temprano el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró que ninguno de estos detenidos por causas políticas en Venezuela “deben ser utilizados como fichas políticas y de negociación”.
“Son personas que sufren su prisión y que tienen familias, a los que también les duele (…) Hay nuevamente el rumor por parte del gobierno y oposición, de que viene o hay un intento de un nuevo proceso de negociación. Ya en ocho oportunidades ha ocurrido esto y Foro Penal no apoya que utilicen a estos presos para estas medidas, aunque nosotros le damos la bienvenida a toda liberación”, destacó.
En ese sentido, explicó que pese a que han podido conversar con algunos presos políticos, en los últimos días, “hay otros lugares de detención en los que se les ha negado información para constatar la situación de los privados de libertad”.