Antonio González Plesma, miembro de la organización Surgentes y del Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, acudió este jueves al Ministerio Público acompañado por cerca de 20 familiares de personas vinculadas a estos casos, con el objetivo de conocer las gestiones y avances realizados por la institución para favorecer beneficios procesales o la libertad de los detenidos.
Esta movilización da seguimiento a una reunión previa sostenida con las autoridades ministeriales el pasado 30 de abril, en la cual se asumió el compromiso de revisar los expedientes de los afectados.
Resultados y sentencias en los tribunales
De acuerdo con el balance ofrecido por González Plesma sobre los 67 casos que acompaña el comité, hasta el momento se ha logrado la liberación de dos personas que presentaban condiciones de salud extremas.
No obstante, el vocero señaló que, de manera simultánea a las gestiones por la libertad, los procesos judiciales continúan su curso en los tribunales de terrorismo, donde recientemente se dictaron condenas de 30 años de prisión para dos de los implicados.
Respecto al marco legal de las solicitudes, se detalló que los casos de los denominados «falsos positivos Tancol» no se encuentran incluidos en la Ley de Amnistía debido a que no cumplen con las causales ni con los límites temporales establecidos en dicho texto legal.
Ante esta situación, el Ejecutivo remitió los expedientes a otras instancias institucionales a las que el comité ya ha acudido:
- El Programa de Paz y Convivencia Ciudadana.
- La Comisión de Consulta para la Reforma de la Justicia.
- La Asamblea Nacional.
Tras finalizar la jornada en el Ministerio Público, la representación de familiares programó trasladarse a la Asamblea Nacional para solicitar reuniones con los diputados encargados de evaluar los casos de amnistía.
El comité informó que se encuentra en una «segunda ronda» de acercamientos con las autoridades venezolanas. Tras haber sido escuchados previamente por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Programa de Paz y Convivencia Ciudadana —donde se recibieron los testimonios de manera directa—, el propósito actual de los familiares es conocer de forma concreta qué medidas se han ejecutado.
La aspiración de la organización y de las familias es que las autoridades revisen la situación de los detenidos, provenientes en su mayoría de sectores populares y zonas fronterizas excluidas. El comité solicita su inclusión en los mecanismos de amnistía o, en su defecto, el otorgamiento de beneficios procesales para quienes acumulan entre 4 y 5 años privados de libertad.
