A María Corina Machado no se le respetó el derecho a la defensa, indicó el profesor y abogado Jesús González. Las inhabilitaciones impuestas hasta la fecha son criminales, aseveró Eduardo Torres, abogado defensor de presos políticos y activista de derechos humanos. El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Gerson Revanales, recordó que hasta presidentes de izquierda rechazaron las inhabilitaciones
Seguramente tienen otros puntos en común, pero la gran conclusión a la que llegaron este miércoles el internacionalista Gerson Revanales y los abogados Jesús González y Eduardo Torres es que las inhabilitaciones de dirigentes políticos en Venezuela violan el derecho internacional, así como también los tratados suscritos por la República.
Los tres participaron en el conversatorio «Tres caras de los derechos humanos: inhabilitación política en Venezuela», celebrado este 19 de julio en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, organizado por el Colegio de Internacionalistas de Venezuela, la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela y el centro de estudiantes de la EEI-UCV.
Revanales, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, afirmó que aunque el Estado haya denunciado algunos convenios internacionales no queda eximido de su cumplimiento. Subrayó, también, que las inhabilitaciones violan tratados y compromisos nacionales e internacionales.
Recordó que incluso dirigentes de izquierda, como los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, no estuvieron de acuerdo con la inhabilitación de María Corina Machado; ambos «son respetuosos del derecho internacional» y recomiendan el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
En su análisis sobre la situación internacional del Estado venezolano Revanales consideró que no se debe hablar de sanciones unilaterales, porque cuando un país firma un convenio internacional está obligado a cumplirlo, y las otras naciones deben obligar a cumplir.
González, abogado y profesor de derechos humanos, señaló que en el país se aplica el derecho desde una perspectiva absolutista, según la cual «el Poder Ejecutivo quiere imponerse y regular la actividad de los demás poderes». De acuerdo con su análisis, «esto está muy vinculado con lo que está pasando actualmente en materia de inhabilitaciones.
Advirtió que a Machado, por ejemplo, ni siquiera se le respetó el derecho a la defensa, porque tenía un procedimiento abierto desde 2015 y nunca se enteró.
En Venezuela se han instaurado «leyes truculentas», con «un marco de opacidad», dijo González, y citó la llamada ley antibloqueo: «Es como si le hubiesen consultado al Gran Hermano. Parece una película de ficción postapocalíptica».
Lo que sucede con la Contraloría General de la República está ocurriendo codos los poderes del Estado, porque «están bajo el yugo del Poder Ejecutivo».
Las inhabilitaciones impuestas hasta la fecha no son políticas, son criminales, aseveró Torres, abogado defensor de presos políticos y activista de derechos humanos.
Como abogado defensor de trabajadores presos, Torres vinculó las inhabilitaciones con estos encarcelamientos. Reflexionó que ningún político debe alegrarse al pensar que la inhabilitación de uno le abre camino al otro porque el gobierno puede tomar el camino de Nicaragua, con inhabilitaciones en fila.
