Las coacciones al ejercicio periodístico se volvieron a producir durante el mes de marzo, incluyendo la salida del aire de dos programas radiales y el cierre de una emisora de radio
Durante el mes de marzo de 2023, la ONG Espacio Público contabilizó 16 casos y 34 violaciones del derecho a la libertad de expresión, casos en los cuales 12 periodistas y dos camarógrafos fueron víctimas de agresiones en el ejercicio de su profesión.
Los responsables de estas acciones, según el informe de Espacio Público, fueron cuatro instituciones del Estado, tres cuerpos de seguridad, tres funcionarios públicos y un representante del Poder Ejecutivo.
El caso más numeroso se produjo el pasado 7 de marzo en la ciudad de San Félix, estado Bolívar, donde fueron agredidos seis trabajadores de la prensa por simpatizantes del oficialismo, cuando cubrían una protesta ciudadana contra las altas tarifas del servicio de aseo urbano que presta la empresa Fospuca.
Alrededor de las 11 de la mañana del 13 de marzo, funcionarios de la Policía del estado Monagas (noreste) intimidaron a los periodistas Jhonny Ulloa, corresponsal de Globovisión y Unión Radio, Luis Bustamante, corresponsal de Venevisión, mientras grababan tomas para televisión en el Paseo Bolívar de Maturín.
Los efectivos policiales abordaron a ambos reporteros y les pidieron sus datos personales y una fotografía “para hacer un reporte” de qué estaban haciendo allí y “pasárselo a sus superiores”, contó Ulloa. Los periodistas le reiteraron a los funcionarios, y a su superior, que estaban en un espacio público haciendo su trabajo y no tenían que dar explicaciones sobre ello.
El 23 de marzo, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Carlos Pacheco, insultó y amenazó con agredir físicamente al periodista Miguel Salazar, luego de que hiciera denuncias en sus redes sociales sobre el caso de presunta corrupción en la industria petrolera venezolana.
En su canal de TikTok, Las Verdades de Miguel, el periodista opinó sobre el caso en PDVSA y vinculó a uno de los detenidos con Pacheco y los conductores del programa Zurda Konducta, que se transmite por Venezolana de Televisión. El diputado Pacheco, además, vinculó a Salazar con el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Presiones y amenazas
El programa de opinión y entrevistas Par de Calvos, que conducía el periodista Vladimir Villegas junto con el presentador de Venezolana de Televisión, Pedro Carvajalino, salió del aire a principios de marzo por presuntas presiones de sectores de línea dura en el oficialismo.
Par de Calvos era transmitido por las redes sociales de Villegas y en la agencia Venezuela News, presuntamente dirigida por Carvajalino. El espacio tenía como invitados a figuras de varias tendencias políticas, incluso políticos opositores. “Quizás a alguien no le gustó que (Carvajalino) fraternice con opositores como Luis Florido o Carlos Prosperi”, intuyó Villegas en una entrevista televisiva.
Mientras que en Carúpano, estado Sucre (noreste), el programa radial de opinión Buenos días con Lira fue sacado del aire por cuarta vez por temor a que funcionarios oficiales allanen, confisquen equipos y/o cierren la emisora 101.1 FM, según explicó su director Enel Rodríguez.
El conductor del programa, Raúl Lira, explicó que el hecho fue de autocensura, pues el director del medio no había recibido amenaza alguna por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ni de alcaldes o funcionarios, pero “teme que el Estado venezolano les vaya a arrebatar ó confiscar los equipos y cerrar la radio de la emisora”
En el estado Lara, el programa Arbenis con el pueblo, que se transmitía por el dial 96.5 FM bajo la conducción del dirigente social Arbenis Santeliz, salió del aire el 20 de marzo por presiones del alcalde oficialista del municipio Urdaneta, Hamad Al Chaer.
A Santeliz le informaron sobre su salida del aire por el propietario de la emisora, quien reconoció que no podía mantener su espacio porque el alcalde lo había presionado y amenazado con cerrar la emisora. El medio argentino Infobae reportó que la amenaza de Al Chaer fue en represalia a que en el programa se divulgaron exigencias de la comunidad que criticaban su gestión.
Con una sola opción para recibir información local y entretenimiento en radio quedó el municipio José Vicente Unda, del estado Portuguesa, luego de que la Conatel ordenara el cierre de la emisora comunitaria Chabasquen 106.7 FM el pasado 24 de marzo.
Según informó el alcalde de la localidad, Oswaldo Zerpa, al final de la tarde de ese día llegaron funcionarios de la Conatel y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a confiscar los equipos de la emisora, entre ellos el transmisor, la consola y la computadora. El medio estaba bajo concesión de la Alcaldía, que desde 2021 dirige un partido opositor al gobierno nacional.
Ataques a ONG y a la ciudadanía
El 3 de marzo, por su parte, a la ciudadana Cherry Angulo la intimidó un empleado de una farmacia de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales luego de que tomara fotografías de irregularidades en el servicio de entrega de medicamentos.
Angulo, además de las irregularidades, quería registrar y divulgar en redes sociales los malos tratos del personal a los pacientes. La ciudadana asegura que el empleado de la farmacia le dijo, con tono amenazante, que no podía tomar fotos.
Tres días después, la organización no gubernamental (ONG), Caleidoscopio Humano, fue víctima de ataques cibernéticos a su página web, por segunda vez en dos meses y, de nuevo, en medio de su cobertura a protestas laborales de trabajadores del sector público.
Gabriela Buada, directora de la organización, dijo que los ataques consistieron en intentar entrar al sitio desde cuentas bots que usaban correos electrónicos falsos, identificadas en España y Dinamarca. El reporte del webmaster detectó hasta 800 bots vinculados con el ataque. En marzo también se acentuaron las fallas de internet en varias regiones del país, según reportes del Observatorio de Internet VE sin Filtro, usuarios de redes sociales y la operadora estatal CANTV:
