El asesinato de 3 personas LGBTIQ+ en menos de 24 horas encendió aún más las alarmas de las organizaciones de derechos humanos. De 2008 a septiembre de 2017, 116 personas trans fueron asesinadas en el país, recoge un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El país necesita, de acuerdo con Gabriela Buada, de Caleidoscopio Humano, “primero que nada una ley de identidad de género que permita a las personas trans ser reconocidas con el género con el cual se autoperciben, leyes a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+”

No ha habido respeto para Elizabeth. Fue discriminada en vida, asesinada con saña y de nuevo víctima después de muerta. Sus familiares acuden a la Morgue de Bello Monte y la llaman por lo que reseña su cédula de identidad (Rondón) y no por el de Elizabeth que es su nombre de mujer. Los medios de comunicación tampoco hacemos la cobertura empática que se necesita. El femicidio de una mujer trans en Baruta, notificado el pasado 14 de junio, muestra que en Venezuela también se cometen crímenes de odio.

No es el único caso. En menos de 24 horas fueron asesinadas brutalmente, en el municipio Baruta, tres personas LGBTIQ. “La homofobia y la transfobia en Venezuela son reales, graves y brutales”, escribió el abogado José Manuel Simons, al sumarse a una protesta en Twitter -este miércoles 16 de junio- con la etiqueta #NoMásCrímenesDeOdio.

Estos hechos ocurrían antes, pero al no tener detalles se ocultaba que eran crímenes de odio; “ahora los medios y la opinión pública en general está tomando en cuenta la invisibilidad y las vulnerabilidades de estas personas de la comunidad”, explica Gabriela Buada, periodista, profesora y fundadora de Caleidoscopio Humano.

“Según Transgender Europe20, desde 2008 a septiembre de 2017, 116 personas trans fueron asesinadas en el país, lo que sitúa a Venezuela como el cuarto país de América Latina con mayor número de asesinatos de personas trans. Las circunstancias de los asesinatos y el estado de los cuerpos muestran un especial odio de los autores hacia las víctimas”, recoge un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

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La abogada Beatriz Vento afirmó en redes sociales que “el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (@TransRespect) ha identificado a #Venezuela como el tercer país más violento de la región con 126 asesinatos -de los que hay registro- desde el 2008 hasta enero de 2020″.

Detrás de estos crímenes hay “una discriminación gigantesca que durante años hemos tenido en Venezuela y en Latinoamérica, asociada con el machismo y la mentalidad conservadora”, puntualiza la abogada Iris de Franca, coordinadora de igualdad y equidad de Cambiemos. Hay “unos prototipos de personas”, lo que se considera “normal”, y lo que se escapa de eso “lo consideramos anormal”, comenta.

Supuestamente lo “normal” -según esta visión de siglos pasados- es hombre y mujer. Pero la vida es diversa, se conquistan derechos y hoy las siglas LGBTIQ+ incluyen la pluralidad de la orientación sexual: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer, con el símbolo + para incluir a todos los que no estén representados.

Las mujeres trans como Elizabeth (o Rondón, como la llama su familia) se ven obligadas a convivir a diario con la violencia machista, invisibilizadas por las leyes y las instituciones. “Los crímenes de odio son una realidad y Venezuela, sin leyes que garanticen los derechos de las personas trans, las expone; además, garantiza la impunidad en mucho de los casos porque la sociedad se vuelve inerte ante estos hechos”, refiere Buada.

Como el matrimonio igualitario “ni siquiera está en discusión muchas parejas homosexuales viven a escondidas, se les discrimina y hasta se les niega derechos como el de la alimentación con la distribución de programas sociales como el CLAP”.

Vento aseveró en Twitter que, “el no contar con una identidad legal y la inexistencia de políticas públicas contra la discriminación transfóbica, condena a las personas trans a la violencia institucional y callejera”.

La ley contra el odio, aprobada por la cuestionada asamblea constituyente, establece que estos crímenes no prescriben y los sanciona con prisión de 10 a 20 años. “Existe una ley contra la discriminación pero solo es utilizada en temas raciales y a favor de situaciones que le convenga al gobierno de turno”, aclara Buada. Es decir, no hay normas específicas.

Caleidoscopio Humano, recuerda, “surge en 2018 desde esa necesidad de visibilizar de manera correcta y pertinente a las personas más invisibles”, en una situación marcada por “una hegemonía comunicacional y la censura y autocensura”. Trae a colación el tratamiento dado por algunos medios de comunicación a los tres crímenes perpetrados esta semana en Baruta y recuerda que hay “una política de Estado contraria al respeto de los derechos humanos, a la justicia e, incluso, a la reparación y que además no le interesa diseñar campañas informativas al respecto que prevengan los crímenes de odio, las violaciones contra poblaciones vulnerables”.

El país requiere, de acuerdo con Gabriela Buada, “primero que nada una ley de identidad de género que permita a las personas trans ser reconocidas con el género con el cual se autoperciben, leyes a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Además de las leyes “necesitamos campañas informativas, educación y formación de la ciudadanía en las escuelas y en las universidades. Venezuela tiene una sociedad machista históricamente que no va a cambiar solo por mensajes o discursos en época electoral”.

Para Iris de Franca “uno de los primeros pasos que debemos dar en esa materia es el matrimonio igualitario”, porque “cuando normalizas una acción la sociedad empieza a cambiar”. Es imprescindible “la normalización de las relaciones entre personas del mismo sexo”, insiste, y tal como lo destaca, hay dirigentes del oficialismo y de la oposición ganados a avanzar en esta dirección.