Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional afirma que la operación que se lleva a cabo pretende usar el diario como «una moneda transaccional o un trueque o una negociación política»
Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, embargado el pasado viernes por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dijo a Efe que los propietarios del medio van a «recuperar el edificio tarde o temprano, porque la justicia llega», por lo que confía en revertir la situación.
Makriniotis se refirió así al embargo «ilegal» de la sede del diario, fundado en 1943, como parte de una indemnización de más de 13 millones de dólares al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien demandó al medio por replicar una publicación del ABC de España sobre una investigación que vincula al político con el narcotráfico.
«De ahí llega la primera demanda de Diosdado Cabello por difamación, que no es difamación ya que no es una opinión personal, sino una noticia», explicó Makriniotis, quien agregó que El Nacional «es una estrategia política, un comodín, que estará usando alguna persona dentro del Gobierno para ser incluido en alguna negociación».
En opinión del directivo del medio, la operación que se lleva a cabo pretende usar el diario como «una moneda transaccional o un trueque o una negociación política» entre Gobierno y oposición, como la que se plantea actualmente en el país.
Makriniotis considera que, con El Nacional en manos del oficialismo, el Gobierno podría ofrecer la devolución de la sede del diario a sus propietarios a cambio de algo que solicitaría a la oposición y ante lo que Juan Guaidó tendría que ceder para revertir la situación actual.
«Guaidó sería el encargado de colocar este tema sobre la mesa y la Unión Europea, en este caso, o los noruegos o los canadienses, también llamar a un punto de encuentro» y abordar el asunto del embargo en la negociación para lograr la devolución de los bienes.
A la hora de presionar en ese escenario, las instancias internacionales son los «mejores aliados; los noruegos, que son el punto de encuentro entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, serían interesantísimos para esta situación política», que no legal, según el gerente general.
Considera que se trata de un tema político estratégico, que «viene en un momento en que se están dando los encuentros de negociación o acuerdos para Venezuela (…) genera mucho ruido este ataque tan extraño, que ya lo teníamos, pero nunca de esta manera, o sea, saltando la legalidad».
La orden de embargo se da después de que en 2018 se generara la primera sentencia firme, con una sanción de mil millones de bolívares, equivalentes, entonces, a menos de un centavo de dólar, según Makriniotis.
«Dada la hiperinflación, problemas económicos y destrucción de país que tenían, la demanda se la dolarizamos y era, más o menos, un centavo de dólar (previo a la reconversión monetaria). Nunca nos dejaron pagar la demanda, nunca nos dejaron hacer ninguna cosa para concretar y culminar esta situación», aclaró.
Al no aceptar el pago y el cumplimiento de la sentencia en aquel momento, el caso quedaría oficialmente cerrado, pero «saltándose todas las leyes», se reactivó hasta llegar al embargo de la sede.
«Reactivaron una demanda que ya estaba cerrada con una sentencia firme (y) mueven la demanda al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, a unas velocidades increíbles, en cuestión de una semana, la reactivaron, la indexaron y la llevaron a lo que hoy en día son casi 14 millones de dólares», explicó Makriniotis.
El directivo precisó que el cómputo de la cuantía se hace en petros -237.000-, una criptomoneda que Maduro lanzó en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos, lo que suma otra «ilegalidad» al proceso.
«La moneda en curso es el bolívar. Entonces, ahí ya hay un tema complicado y viciado, porque si nuestra moneda es el bolívar, ¿por qué usas una moneda que no es de curso oficial?», se preguntó el gerente general.
«El Nacional va a seguir trabajando, la página web sigue. Nos están llevando un edificio, no la gente ni el recurso de trabajar o ser humano», reiteró el directivo, que aseguró no estar dispuesto a ceder ante esta situación y otras como las que se habían dado anteriormente.
Recordó cuando el Gobierno quiso comprar el medio, como hizo con muchos otros en el país, una estrategia comunicacional que comenzó bajo el mandato de Hugo Chávez (1999-2013).
«A nosotros nos trataron de comprar, nos ofrecieron muchísimos millones de dólares, pero los principios y los valores no están a la venta. Nosotros vamos a seguir, vamos a recuperar el edificio tarde o temprano porque la justicia llega. ¿Qué vamos a hacer? Informar, porque la libertad de expresión es el arma que más teme la dictadura», insistió.
En esta coyuntura, las opciones son «seguir informando» y dar los pasos legales que están al alcance, como la denuncia ya interpuesta ante la Fiscalía para poner en su conocimiento las «irregularidades» que -consideró- se han producido en todo el proceso.
«El Nacional va a seguir, el edificio se va a recuperar, la dictadura se acaba, si no es hoy o no es mañana es en 5, en 10, o en 15 o 20 años, pero se va a acabar y la democracia y la justicia llegarán», señaló Makriniotis, quien cree que «hay una gran división interna en el poder», lo que ayuda a que «el fin esté más cerca».
«Hay un lado radical que está buscando dinamitar los acuerdos y por eso está haciendo este ruido. Este problema, en este momento, está dando a conocer las fallas de seguridad jurídica y violando los derechos humanos de la libertad de expresión», concluyó.
