El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, al igual que la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo manifestaron su inquietud por Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés
Dos relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la detención y encarcelamiento de seis dirigentes sociales y sindicales. El Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, al igual que la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo manifestaron su inquietud por Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés.
Las detenciones de los seis se efectuaron entre el 4 y el 7 de julio de este año.
«Expresamos nuestra profunda preocupación ante las alegaciones de amenazas, hostigamientos, vigilancia, detenciones arbitrarias e intimidaciones anteriormente descritas, y que parecerían estar relacionadas con la labor de las personas defensoras de derechos sociales y labores, y actividad sindical, y miembros de la oposición», expresaron los relatores en una carta enviada al gobierno del mandatario Nicolás Maduro.
Señalaron que les inquieta que estas seis personas «estén siendo procesada por crímenes tipificados como terroristas o atentatorios a la seguridad nacional en virtud de en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Observando que
las acusaciones en contra estos defensores los expone a penas privativas de libertad de hasta 10 y 15 años en prisión, nos preocupa que la legislación antiterrorista sea utilizada indebidamente para desalentar y criminalizar las actividades, por lo demás legales y legítimas, de personas defensoras de derechos humanos y miembros de la oposición».
Insistieron, también, en que la detención preventiva debe ser una medida excepcional. «Preocupa, además, que los individuos mencionados en esta carta sigan detenidos, en lo que parecería configurar un uso excesivo de la detención preventiva. En lugar de permitir a los individuos que respondan al proceso penal en su contra en libertad, se les sigue manteniendo bajo custodia del Estado. Recordamos que la detención preventiva de ser medida excepcional, y que a las personas acusadas se les debe garantizar el debido proceso, incluyendo el acceso a la representación legal de su elección».
Eduardo Torres, abogado defensor de Emilio Negrín, subrayó que son pronunciamientos muy importantes porque provienen «de instituciones formales del sistema internacional de derechos humanos». Recordó que el contenido «es similar al que emitió el director de la OIT, preocupado por las condiciones de las detenciones que a todas luces se evidencia que son por razones políticas y son por defender derechos».
Torres destaca el trabajo desempeñado en estos casos, a escala nacional, por organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia.
Las comunicaciones de los dos relatores se dirigen al ejecutivo y no al sistema de justicia: «Le están diciendo directamente a Nicolás Maduro que los libere». El abogado insta al gobierno de Maduro a permitir «la libertad para los seis luchadores», y recuerda que hay varios mecanismos posibles. La defensa de Negrín decidió apelar «la decisión del juez cuarto de terrorismo de decir que hay elementos de convicción para que vayan a juicio», y aunque este proceso va con retraso (han pasado dos meses y todavía no ha sido distribuido el expediente), Torres piensa que esta puede ser una vía para que sean excarcelados. qqqqq
