Denuncian que presa política Rosa Mota, encarcelada en el INOF tras denunciar presunta corrupción en Pdvsa, se encuentra en grave estado de salud

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«Exigimos atención médica y una medida sustitutiva a la privación de libertad, como arresto domiciliario o régimen de presentación, tal y como lo establece la ley»

El Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs denunció que la presa política Rosa Mota de Millán, de 58 años de edad, se encuentra en grave estado de salud.

«Exigimos atención médica y una medida sustitutiva a la privación de libertad, como arresto domiciliario o régimen de presentación, tal y como lo establece la ley», subrayó un comunicado difundido este lunes. «Su vida está en riesgo, con un disminuido estado físico y sicológico, en situación de desnutrición ya que ha rebajado 50 kilos desde el momento de su reclusión, el 26 de febrero de 2019». 

Mota está encarcelada en el INOF » sin posibilidad de acceso oportuno a atención médica y sin una dieta adecuada; sin poder recibir visitas o ayuda de su familia, ya que viven en Maturín, estado Monagas, con escasos recursos para asumir tal situación».

El comité alertó que «incluso puede sufrir un infarto, ya que los informes médicos recientes indican un severo cuadro: con una hemoglobina en 3,8 g/dl (siendo que los valores estables para la mujer son 12,1 a 15,1 g/dl), hematocritos en 11.5 % (siendo que los valores normales son de 36.1% a 44.3%), plaquetas en 85.000 (siendo que los valores estables están entre 150,000 a 400,000), y así sucesivamente; la mayoría de sus valores se encuentran alterados».

Mota es trabajadora de Pdvsa desde hace 28 años. Denunció hechos de corrupción meses antes de ser privada de libertad. La acusaron «de supuestos delitos cometidos en el año 2008: malversación de fondos, peculado doloso y asociación para delinquir, pero en el expediente no existen pruebas que demuestren que sea culpable de dichos delitos. Es tan absurda la acusación, que es la única persona supuestamente implicada en los hechos pero entre los cargos está el delito de asociación para delinquir».

Los activistas señalan que su derecho «a la presunción de inocencia, al juzgamiento en libertad, a la celeridad procesal, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en general han sido permanentemente vulnerados».

Hicieron varias exigencias: «Al tribunal que lleva su causa, que agilice las medidas que permitan a Rosa gozar de una medida sustitutiva; al Ministerio de Servicios Penitenciarios el acceso de las medicinas y alimentos; y a todas las instituciones competentes y a las personas responsables dar una oportuna respuesta». 

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