Llaman la atención sobre las reiteradas «desapariciones forzadas» que se presentan en el país y advierten que se ha vuelto una práctica común
Varias organizaciones y activistas por los derechos humanos se reunieron frente a la sede de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para protestar por lo que consideran una detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel y varios integrantes de su familia, su exposo y su expareja.
«Rechazamos las acciones judiciales por parte del Estado venezolano respecto a las recientes detenciones en contra de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares», indicaron las organizaciones en un comunicado leído ante los periodistas que asistieron a la convocatoria realizada.
Representantes Organizaciones como Civilis DDHH, Cofavic, Acceso a la Justicia, tomaron la palabra y señalaron que se ha violado el Debido Proceso.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, señaló como una de las irregularidades la falta de información sobre la integridad física y mental de San Miguel, «la desaparición forzada de la que fue víctima y el ataque contra sus familiares, quienes también fueron detenidos».
-¿La gravedad de las acusaciones no justifican este proceder?
-Ningún delito que pueda cometer un ser humano puede justificar estas acciones porque hay una serie de pautas y garantías que deben darse para que se cumpla un Debido Proceso. Debe haber una investigación un juicio y eventualmente una detención en una situación de flagrancia, que tampoco se ha dado en este caso.
Por su parte la activista Andrea Santacruz señaló que «Rocío San Miguel, así como también Javier Tarazona y todos los presos políticos que se encuentran detenidos por ejercer su derecho deben ser liberados».
Claudia Carrillo del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), que se han registrado eventos como «amenazas, campañas de descrédito, estigmatización, ataques y allanamientos en sedes de organizaciones, restricciones a actividades de exigencias de derechos, interceptación de comunicaciones y sitios web de las ONG, seguimientos, censura, cierre de espacios, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias y el uso de la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidar y reducir a quienes son víctimas».
Alfredo Romero del Foro Penal alertó sobre lo que considera una «sistemática desaparición forzosa, que se ha convertido en regla ilegítima».
«Aclaro que pareciera que de parte de algunos funcionarios del Estado el que ellos sepan donde se encuentra un ciudadano que ha sido detenido, eso no implica desaparición forzosa. Precisamente cuando los funcionarios del Estado son los únicos que saben dónde esta la persona detenida, los ocultan, eso es desaparición forzosa», argumentó Alfredo Romero.
