La humillación no enseñará a respetar la cuarentena, advierte la periodista y docente Naky Soto, en un mensaje en redes sociales. Organizaciones de DDHH reclaman que las medidas tomadas por alcaldías y gobernaciones para combatir la COVID-19 sean coercitivas
Los castigos aplicados en algunas zonas de Venezuela para quienes incumplan la cuarentena por la COVID-19 han sido cuestionados por periodistas, analistas y dirigentes sociales y políticos. También han sido criticadas las restricciones para la circulación impuestas por gobernadores y alcaldes.
La periodista y docente Naky Soto, calificó como inadmisible que se obligue a los ciudadanos a hacer «salto de rana» mientras gritan «no debo salir de casa».
La ONG Foro Penal, alertó que entre el 13 de marzo y el 7 de abril, fueron detenidas 33 personas.
“Las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena es común en diversas zonas del país”, enfatizó Foro Penal, según La Voz de América.
La organización acota que a las personas detenidas, en algunos casos, les dan una “charla informativa” o las obligan a realizar ejercicios como “saltos de rana” o “flexiones”. También, a repetir consignas.
Para muestra, un botón. El alcalde de Lamas (Santa Cruz de Aragua), Erick Ramírez, difundió videos en redes sociales de las medidas tomadas contra «quienes han violado la norma de la cuarentena social y preventiva».
«Reconozca al infractor. Vamos, vamos, levante la cara», ordena Ramírez a las personas detenidas el jueves 9 de abril. «Cada día vamos a apretar más duro», advirtió.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado, también, los decretos regionales que restringen la movilización de ciudadanos. «Prohibición de circulación pública no resuelve necesidades insatisfechas de la población del estado Lara», es el nombre del pronunciamiento que hicieron movimientos, asociaciones e individualidades para exigir respuestas integrales, no solo coercitivas, ante la COVID-19.
«El Decreto No. 4039 que se emite con la finalidad de proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud y la alimentación, no establece ninguna medida relacionada con la mejora de la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua potable, gas, gasolina y recolección de residuos sólidos, que puedan garantizarle a la población su acceso a tales bienes y servicios. Por el contrario, las severas restricciones en el acceso a los mismos constituyen uno de los motivos fundamentales por los cuales la población se ve obligada a desplazarse fuera de sus hogares durante horas para buscarlos», enfatizaron.
«De igual manera, los bajos ingresos monetarios y la carencia de salarios, obliga a amplios grupos de la población a buscar, a través de empleos informales, el sustento para sus familias. El decreto desconoce plenamente estas realidades más que ofrecer respuestas a este conjunto de necesidades insatisfechas que ya afectaban la calidad de vida de nuestra población, agudizadas con la pandemia del COVID-19 y las condiciones de la cuarentena social, se centra exclusivamente en la prohibición de la movilidad de la población», alertaron.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió, en un pronunciamiento difundido este lunes 20 de abril, que: «El libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, consagrados no solo en la constitución nacional sino en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela, se ha criminalizado, y se ha evidenciado en esta etapa de persecución en la que se supera el nivel de violencia y arbitrariedad como patrón recurrente por parte del régimen, vulnerando derechos como el debido proceso, la participación política, el respeto a la integridad física, la libertad de opinión y manifestación, entre otros».
