Andrés Páez, asesor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), denunció lo que calificó como una «grave errónea decisión por parte del Ejecutivo nacional» al pretender desvincular al país del Tratado de Roma.
Páez sostuvo que el Estatuto de Roma es un tratado internacional que «por mandato del artículo 23 de la Carta Magna posee supremacía constitucional». Asimismo, aseveró que es «improcedente pretender excluir del ámbito de competencia al Estado venezolano» de esta jurisdicción internacional.
Impacto en la labor periodística y derechos humanos
El representante legal del CNP señaló que esta acción gubernamental afecta directamente «lo que tiene que ver con rendición de cuentas, con transparencia, con servicio público y especialmente con el trabajo de los periodistas».
El abogado recordó las vulneraciones que han enfrentado los comunicadores en el país:
- Expresó que existen «siete periodistas que todavía poseen medidas cautelares».
- Señaló el caso de «más de 40 comunicadores sociales que fueron injustamente detenidos sin haber cometido delito alguno».
Solicitud de reconsideración
Durante su declaración, el asesor jurídico citó los pronunciamientos de la Misión Internacional Independiente de la ONU y de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales, argumentando que la posición del Gobierno resulta «moralmente inaceptable».
Por estas razones, la consultoría jurídica del CNP solicitó formalmente que la medida sea «reconsiderada» para que las víctimas de graves delitos en las últimas dos décadas puedan ser investigadas por la Corte Penal Internacional.
