El director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alonso Medina Roa, aclaró que solo si los crímenes de lesa humanidad no son juzgados en Venezuela entonces pasarán a la Corte Penal Internacional.
Recordó que entre el Estado y la CPI se firmó un memorando de entendimiento, en el cual se acuerda que los hechos planteados deben ser juzgados en instancias nacionales. Es decir, son los tribunales venezolanos los que deben investigar y sancionar.
Como defensor de DDHH consideró que la CPI hace un llamado de atención a las autoridades venezolanas y dijo temer que se genere una frustración colectiva.
Comentó que el juicio contra los homicidas del concejal Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo ha sido agilizado. Puntualizó que han insistido en que se investiguen las cadenas de mando, y que se sancione a los quienes dieron las órdenes.
Reiteró que la CPI no es una instancia política, sino jurídica.
Propuso revisar las actuaciones de las organizaciones de DDHH para estar preparadas si no hay justicia expedita a escala nacional.
