Los grupos parapoliciales que agredieron, el pasado martes en la noche, a las madres de presos políticos que realizaban una vigilia a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se llevaron dos cosas que empiezan por C: celulares y cédulas de identidad.
Como lo contó el defensor de derechos humanos Antonio González, integrante de Surgentes, «se llevaron aproximadamente 50 celulares, porque había entre 50 y 60 personas. Se salvaron como tres o cuatro celulares». También tomaron cerca de 50 cédulas.
«Se robaron cuatro carpas, una corneta, un micrófono, una cafetera grande, banquito, sillas que nos habían prestado, las pancartas, las fotos de los muchachos. Muchos bolsos de madres, que los arrancaron completos; muchas de ellas tenían el dinero con el que iban a ir a Tocorón a comprarles lo que les llevan en las visitas. Se llevaron llaves de carros, de motos», detalló González.
A las mujeres también las arrastraron: «Según los testimonios que hemos recogido, por lo menos 20 recibieron golpes, fueron mechoneadas, arrastradas, pateadas. A la mayoría las patearon mientras caminaban; les dieron empujones, patadas por el trasero. Y las persiguieron».
Los perpetradores -tal como lo contó Gustavo Martínez, integrante de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista- fueron unos 70 u 80 motorizados con «parrilleros» que llegaron arma en mano «y agredieron incluso a dos niñas». También atacaron «a activistas de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones políticas»
La acción, afirma González, buscaba «desmontar la manifestación, generar terror». González subraya que si alguien se queda «con tu cédula o tu teléfono tiene acceso a tus datos personales, tiene acceso a tu vida privada».
Para el defensor de derechos humanos se trata de grupos parapoliciales -en los que también hay mujeres, por cierto- «porque actúan con la aquiescencia del Estado: cumplen funciones de seguridad, son parte del esquema de seguridad de la zona. La existencia de esos colectivos armados es pública y notoria, la gente los ve en la calle, la articulación con los cuerpos de seguridad es pública y notoria. Esto no es la primera vez que nos pasa» porque en otras manifestaciones «aparecía alguien encapuchado, con un arma y al lado de un policía, y ambos estaban controlando la situación».
González estima que el ataque contra las madres de presos políticos marca un antes y un después. «Creemos que es un hito. Evidentemente los grupos parapoliciales han agredido manifestaciones de manera importante desde hace al menos una década. Pero en este caso se trata de atacar a madres, con el peso que tiene en Venezuela la agresión a la mamá, el respeto a la mamá. Aquí no importó que hombres armados agredieran a más de 50 mamás. Creemos que es un mensaje: el objetivo es aterrorizar, mostrar que no importa».
Hay que determinar responsabilidades, enfatiza Gustavo Martínez. «El primer responsable es el gobierno nacional, porque se hizo en las puertas del TSJ. No hay forma de negar estos hechos, porque el TSJ está cundido de cámaras de seguridad». Se debe saber «quién dio la orden, quién dirige esos grupos y con quiénes están relacionados, explicar por qué había patrullas del Dgcim y del Conas que se fueron y dejaron a merced de esos grupos a quienes estábamos allí».
Martínez indica que están convocando para una manifestación el 14 de agosto, «una actividad sindical unitaria con activistas, trabajadores, sectores populares», y por eso «todo lo que pueda ocurrir ese día» será «responsabilidad del gobierno nacional». Tres consignas marcarán esa movilización: cese a la represión, libertad para los presos políticos
