Su esposa, Francis Fernández, subraya que la audiencia preliminar se realizó sin sus abogados de confianza
El 15 de abril el periodista Carlos Julio Rojas, directivo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), fue detenido. Desde ese momento comenzó una pesadilla para Francys Fernández, su esposa. Rojas, objeto de desaparición forzada, hoy se encuentra en la cárcel de Ramo Verde y se lo señala por un supuesto intento de magnicidio, por terrorismo, conspiración, instigación y asociación.
«Lo he podido visitar en varias oportunidades. Tengo visita los viernes, por dos horas. Físicamente está estable pero un poco compungido y tiene algo de ansiedad. Al conversar con él me dice que no entiende por qué el delito más grave se lo colocan a él. No ha sido nada fácil. Carlos Julio es inocente», afirma Fernández.
Ella participó este martes 2 de julio en la concentración que hicieron familiares de víctimas de la aplicación de la ley contra el terrorismo. Como lo explicó el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, ha habido en el país un «uso crónico» de esta norma. Rojas forma parte de las centenares de personas a quienes les han puesto la etiqueta de terroristas y las han encerrado en la cárcel. Su caso lo conoce el Tribunal 2 con competencia nacional en terrorismo.
La semana pasada se hizo la audiencia preliminar sin que lo supieran sus familiares y abogados. Fernández aseguró que el defensor público que le fue asignado, Santos Rojas, pidió los números telefónicos pero nunca los contactó. «No se le ha garantizado el debido proceso. ¿Cómo es posible que el miércoles a las 6 de la tarde, sin antes avisarles a sus familiares y abogados, porque preguntan los números pero nunca se comunican conmigo y con los abogados, burlándose de Carlos Julio, burlándose del debido proceso, haya sido llevado a audiencia?», se pregunta.
Señala que Santos Rojas le pidió que llevara las pruebas para demostrar que es inocente. «El que tiene que buscar la información y las pruebas es el defensor público. No les puede pedir a los familiares que lleven las pruebas. ¿Para qué está él allí? ¿Para qué le dieron el caso?».
«Se están violentando el debido proceso, los derechos humanos, el derecho a la defensa… No se permite que se juramenten los abogados», critica.
La doctora Ana Araujo también se unió a la concentración de este martes para solicitar a la Defensoría del Pueblo que cree una comisión para analizar los casos de los apresados por terrorismo. Araujo aclaró que no se le ha permitido verlo. Como médica, apuntó que no se la hecho un estudio al que debía ser sometido por su tensión arterial elevada. Su primera petición es para que lo liberen, pero también, para que lo evalúe un cardiólogo y le administren el tratamiento correspondiente.
