«Una élite que se asume chavista sigue en el poder pero está aplicando una política económica que es la misma que la oposición exigía”, explica el activista de derechos humanos
Con el informe “Giro a la derecha” el colectivo Surgentes pisa callos y levanta ronchas, por una razón muy clara: Son la izquierda y el chavismo criticando a la élite que hoy gobierna a nombre del chavismo. Antonio González, integrante de la organización, da la cara por este documento con el que espera abrir el debate en la izquierda venezolana e interpelar a quienes están en el poder.
Las investigaciones demuestran que desde 2015 dos sectores que fueron reivindicados por el presidente Hugo Chávez (los trabajadores y los campesinos) han sido perseguidos y hostigados.
“El gobierno de Chávez, o el chavismo, tiene unas coordenadas programáticas que se fueron construyendo incluso antes de ser gobierno, en la resistencia a los programas de ajuste neoliberal, la crisis del Puntofijismo, la reivindicación de la democracia participativa”, explica Antonio González, integrante de Surgentes. Destaca, entre otras líneas, la “apuesta por lo público, tanto lo estatal (control de recursos estratégicos, nacionalismo petrolero) como lo social en la propiedad de medios de producción en manos de comunas y organizaciones del poder popular”. En lo político, el protagonismo de los sectores populares y la participación en la calle y en las instituciones.
El chavismo “es claramente antineoliberal, reivindica lo público sobre lo privado”, subraya González, y señala que en 2006 Chávez ganó la Presidencia con un programa socialista.
Claro que hubo tensiones en la ejecución de estas premisas, pero hubo medidas concretas que llevaron, por ejemplo, al freno de la apertura petrolera y la redistribución de riqueza “menos injusta”. Hubo clientelismo, expone, pero también “hubo una explosión de participación que no es comparable en la historia del país” e, incluso, podría ser más grande que experiencias de Brasil. “Un 33% de la población llegó a estar involucrada en procesos de participación”. El capital “tuvo un freno”, cosas “dejaron de ocurrir”, destaca el activista de derechos humanos.
Pero todo esto cambió con la muerte de Chávez; mucho más, a partir de 2015, año “que nosotros empezamos a ver como el momento del giro”, y de manera más clara en 2018. Surgentes llama la atención, en lo que caracteriza como un giro a la derecha, sobre “privatizaciones de tierras rurales que empiezan a ser devueltas a los latifundistas”; también, “privatización de empresas públicas”, privatizaciones encubiertas bajo el paraguas de las asociaciones estratégicas, liberalización de la política económica.
“La oposición tiene décadas criticando al chavismo por el control estatal, control de precios, control del dólar. Las políticas liberalizadoras implican exención de impuestos, desregulación de la moneda” y normalización del dólar. “Estamos viviendo un proceso de flexibilización de facto. Seguimos teniendo la misma ley del trabajo pero totalmente inaplicada”, y aunque hay un decreto de inamovilidad laboral siguen los despidos, las prestaciones sociales perdieron sentido. “Tienes el salario mínimo, si no el más bajo del mundo, uno de los más bajos del mundo, que no cubre ni 2% de la canasta básica”. Todo esto, describe, es “parte de la cartilla liberal”. Hay, agrega, “una reivindicación de la burguesía como agente de transformación”.
González suma a las críticas la ley de zonas económicas especiales, que son “enclaves sin derechos laborales, sin derechos ambientales y sin impuestos; es decir, el paraíso del capital”. Cuestiona “la ley antibloqueo, que te permite privatizaciones en secreto”.
En síntesis, “el gobierno está haciendo lo que los economistas liberales y de oposición están pidiendo desde hace dos décadas que se haga. No sacaron al gobierno del poder. Una élite que se asume chavista sigue en el poder pero está aplicando una política económica que es la misma que la oposición exigía”. Las presiones internacionales y los errores del gobierno, según su valoración, no tumbaron al gobierno pero lo forzaron a una apertura económica.
¿Tenía otro camino el sector gobernante? Surgentes considera que sí, con “una apuesta por lo público estatal y lo público popular y comunal”. Pero estima que entre 2012 y 2015 privaron la inmovilidad y las disputas entre sectores, para finalmente plantear que este camino es “lo único que podemos hacer”. No deja de lado en su reflexión lo que califica como “presión internacional ilegítima sobre el gobierno de Venezuela, y que se evidencia en las medidas coercitivas unilaterales que se hacen visibles en 2017 vienen siendo aplicadas de manera subrepticia desde 2014 y teniendo efectos concretos sobre la economía venezolana”. Igualmente reprocha un juego no democrático de sectores de la oposición política, que generaron “espacios para la ingobernabilidad”.
En su análisis González prefiere no usar la palabra traición, porque a su juicio desvía la discusión. “La elite política decidió un lugar distinto al chavismo. La élite política se corrió de lo que había sido el chavismo antes de ser gobierno, y de lo que había sido el chavismo de 1998 a 2012”.
A lo mejor en un primer momento la élite en el gobierno evaluó que debía mantener el poder político de manera muy pragmática, pero “luego ese pragmatismo termina convirtiéndose, no en un retroceso de dos pasos para poder avanzar”, sino en un horizonte político cada vez menos socialista. Son políticas económicas, pero también, políticas, porque es un giro económico y político “en lo que interpretamos como un cierre de los espacios democráticos, que se refleja a escala local y nacional”. “Va disminuyendo la participación y el protagonismo tanto de lo público estatal como de lo público del pueblo organizado”.
Este giro a la derecha “solo puede hacerse sobre la base de la vulneración de derechos que fueron reivindicados y conquistados a través de largas luchas”, advierte. “En el mismo proceso del chavismo la clase trabajadora tuvo una época de esplendor” que quedó atrás, con una ley del trabajo que hoy “es nula de facto”.
Los cambios han generado resistencias en lo que González grafica como un círculo vicioso: “Pretender que la clase trabajadora y que las luchas de campesinas y campesinos se van a acabar porque hay un proceso de criminalización que pretende ser aleccionador… Eso no va a ocurrir”. El círculo vicioso “termina profundizando las violaciones a los derechos humanos”.
A los trabajadores los criminalizan con la judicialización y la descalificación pública al reivindicar su exigencia de un salario digno, el derecho a huelga, contratación colectiva y libertad sindical. Informan de 51 casos “que involucraron a 138 trabajadoras y trabajadores”, retardo procesal, persecución contra quienes denuncian corrupción. Los casos de Alfredo Chirino y Aryenis Torrealba, exgerentes de Pdvsa, son emblemáticos, porque ellos denuncian corrupción y los acusan de corrupción. Dos controladores aéreos que denunciaron presuntas irregularidades en la torre de control de Maiquetía fueron privados de libertad sin pruebas, y continúan encarcelados. Surgentes registra una desaparición forzada, la de Alcedo Mora, quien “denunció corrupción en el sistema de distribución de gasolina de Mérida” con la presunta participación de altos funcionarios.
Los tipos penales que se emplean contra ellos, como terrorismo e instigación al odio, son castigados con penas elevadas. Se busca “quebrar la mirada de que los trabajadores están luchando por sus derechos, e involucrarlos en hechos conspirativos”. Los sentencian con pruebas que no tienen fuerza. Chirino y Torrealba “fueron sentenciados a cinco años sin pruebas”, los sometieron al escarnio público. Otro caso: El del dirigente sindical Rodney Álvarez, a quien condenaron a 15 años por homicidio “sin pruebas en el expediente” y a pesar de que se ha responsabilizado a un dirigente del PSUV.
En el ámbito campesino Surgentes ha documentado -entre 2015 y agosto de 2020- 98 casos de represión a luchas campesinas relacionadas con la democratización de la tierra, con más de 40 detenciones arbitrarias, ocho sicariatos y dos desapariciones forzadas. Acotan que hay subregistro, porque pocos medios de comunicación dan cobertura a estos casos. En todos “hubo participación de agentes del Estado”, por acción u omisión. El grupo contabiliza desalojos o intentos de desalojo -en los que hay “un terrateniente o un funcionario público” con intereses sobre esa tierra- con lesiones, amenazas, robo de herramientas de trabajo, envenenamiento de pozos de agua e, incluso, “quema de escuelas construidas en los espacios que habitan las familias campesinas”. También reporta detenciones arbitrarias como mecanismo de amedrentamiento o de retaliación, las cuales “se realizaron sin orden judicial” y con siembra de supuestas pruebas. Las amenazas no tienen respuesta por parte de los organismos encargados.
El estado natal de Chávez se ha convertido en tierra de represión de las luchas campesinas. “Barinas es uno de los estados donde las luchas campesinas han sido más duramente reprimidas, seguido de Lara”. A medida “que aumenta el poder de las fuerzas militares en el mundo del agronegocio (tierras, insumos, distribución) “se ha incrementado el proceso de represión contra sectores campesinos organizados, y ha disminuido su protagonismo en el diseño e implementación de las políticas agrarias”.
Con el informe “Giro a la derecha” quieren “generar debate a lo interno de la izquierda y del chavismo, porque no puede ser que consignas y orientaciones que son propias, medulares de la izquierda y del chavismo, no sean debatidas a lo interno de una fuerza a la que pertenecemos y a la que apostamos de cara al futuro”. Antonio González opina que el chavismo “llegó por largo rato; incluso aunque la élite dirigente esté girando y saliéndose del chavismo, saltando la talanquera hacia la acera de enfrente el chavismo está sembrado”.
Por un lado esperan “dar una discusión”, y por otro, “interpelar al gobierno en relación con sus políticas” y que se tomen medidas como reversión de la política de retorno del latifundio y liberación plena de campesinos y trabajadores detenidos.
