Ana Leonor Acosta, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, afirmó que la tortura se ha institucionalizado en Venezuela con la complicidad de las instituciones que deben defender a los ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo tiene un papel principal en la defensa de los ciudadanos, pero no se cumple. La actuación es inexistente. No hay una sola investigación abierta por torturas, sentenció.

Con la visita del fiscal de la CPI, Karin Khan, no ha habido ningún cambio. No es suficiente con discutir la reforma del poder judicial, sino investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, apuntó.

Reiteró que en Venezuela hay “una gran deuda con los derechos humanos”, y así lo certifican los informes de Naciones Unidas. Hay “una violación permanente de los derechos humanos” en el país.

En el país hay 364 personas presas por razones políticas, estimó.

Nos preocupa que no vemos compromiso ni acciones del gobierno venezolano para cambiar esta situación, alertó. Hay presos torturados, sin debido proceso. “Estamos arrastrando una ola de impunidad” y “hay una tarea muy grande”.

Incluso, estamos tan mal, que la gente no recuerda que tiene derechos, como el derecho a la vida y a la integridad física, a la libertad de expresión, dijo la activista de derechos humanos Ana Leonor Acosta.