«En Venezuela hay aproximadamente 900 personas detenidas por causas vinculadas con hechos políticos. Eso no es nada alentador. En cualquier país del mundo es un número considerable y al día de hoy no se deja ver ninguna vía expedita para la resolución de este conflicto», señala el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia
Los presos políticos o presos por razones políticas son una herida abierta en el costado de la sociedad venezolana. Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, advierte que es un problema que debe ser abordado por las autoridades sin más demora.
«En Venezuela hay aproximadamente 900 personas detenidas por causas vinculadas con hechos políticos. Eso no es nada alentador. En cualquier país del mundo es un número considerable y al día de hoy no se deja ver ninguna vía expedita para la resolución de este conflicto, para la liberación de cada uno de ellos», explica. Esto «es preocupante desde la óptica de los familiares y amigos, porque es un trastorno que se les ocasiona a 900 familias».
Pero hay, también, «una afectación al sistema de justicia, al poder judicial; el quebrantamiento del principio de imparcialidad del Poder Judicial, la intromisión de la política en el poder judicial. Es momento de iniciar una cruzada y de hablar sobre el tema de la independencia del poder judicial, que de una u otra manera se ha visto afectada en los últimos tiempos».
-¿Por qué dice que no es independiente?
-Hemos visto, en los últimos tiempos, unos esquemas operativos de la forma de administrar la justicia que de una forma u otra afectan la estructura del estado de derecho. Vemos las limitaciones que existen para la designación de un abogado para una causa. Lo vemos cuando se hace una audiencia vía telemática, a puerta cerrada y a escondidas de los familiares y abogados de las personas detenidas. Los jueces no disimulan al decir que tienen que esperar una instrucción, o que deben remitir una minuta sobre el caso. Ya lo dicen de forma abierta. Esto lo refiero, más que como una crítica, como una reflexión. Es un problema de institucionalidad. Podemos tener las diferencias políticas, y debemos respetar las diferentes posiciones, pero los ciudadanos se deben unir por la independencia de los poderes y la protección de la institucionalidad. Este es uno de los temas más complejos y más graves que hemos visto en los últimos tiempos. Venezuela necesita recuperar el estado de derecho, Venezuela necesita recuperar la independencia de poder judicial. Necesitamos reconstruir un poder judicial independiente, formado por personas probas que representen la verdadera justicia. Esta es una de las mejores formas para recuperar la institucionalidad en el país, que se ha visto afectada en los últimos tiempos.
-No es nuevo.
-Siempre ha sido muy cuestionado, pero hemos visto cómo la política, de una u otra manera, se ha asomado en las salas de audiencia, ha estado presente en diferentes estrados. Esto es parte de la historia de la justicia venezolana. Una de las cosas que debemos hacer es fortalecer la institucionalidad. No solo lo digo por el beneficio de los presos por causas políticas; tenemos que verlo , también, por la incidencia que tiene en el tema económico y de inversión que pueda plantearse en Venezuela. Una de las razones que aleja las inversiones de Venezuela es la inestabilidad jurídica, de la que mucho se ha hablado. El fortalecimiento del poder judicial tieen incidencia política, social y económica.

Una persona detenida por causas políticas en Venezuela ve afectado su derecho a la defensa, señala, al no permitir la designación de un abogado de confianza; el derecho a tener una decisión motivada y ajustada a derecho. «El del conocimiento público que a la mayoría de las personas detenidas recientemente no se les ha permitido un abogado de confianza. Es un hecho público que las audiencias son realizadas a altas horas de la noche, o de madrugada, con una afectación de la capacidad de argumentación» y de contacto con familiares y abogados de confianza «a los fines de generar una estrategia de defensa» que rechace lo planteado por el Ministerio Público.
Medina Roa llama la atención sobre la necesaria seguridad jurídica en el mundo para los inversionistas, porque lo primero que van a investigar es «sobre la seguridad jurídica, las leyes que regulan el país, el aparato de justicia», porque a la hora de un conflicto, se necesita un ente autónomo. Que las empresas recurran al arbitraje es «una señal que nos están enviando día a día, y que a veces nos resistimos a leer».
«¿Quiénes dirigen los tribunales de la república? ¿Quiénes designan a nuestros jueces? Es del conocimiento público que tenemos muchos años sin que se conozca de un concurso de oposición público para la escogencia de los jueces, e inclusive, para los representantes del Ministerio Público. La mayoría de nuestros jueves y de nuestros fiscales son provisorios, lo que genera cierta inestabilidad en la administración de justicia».
-¿Que sean provisorios significa que atienden directrices partidistas?
-El hecho de que sean provisorios indica que son jueces con cierta inestabilidad, que de alguna u otra manera pueden tener temor de no cumplir una orden o no tomar una decisión. Su estancia en el poder judicial estaría condicionada a cualquier situación de carácter político o intereses de terceros. Al no haber estabilidad de los jueces por supuesto que no podemos tener una justicia independiente e imparcial.
-Decía que no hay vías expeditas para la liberación de personas presas por razones políticas. ¿Qué vías ve usted?
-Por supuesto que cuando hablamos de personas detenidas por causas políticas el mecanismo es el proceso judicial. Tenemos personas que han sido detenidas por causas políticas y tienen más de seis meses o un año y aún no se les ha realizado la audiencia preliminar. La resolución para este tipo de situaciones es el diálogo político, el entendimiento, la conversación entre los diferentes actores que tienen intereses o incidencia en estos temas.
-¿Diálogo legislativo?
-Hay diferentes mecanismos para la extinción del proceso penal. Por supuesto, el cumplimiento de la pena. Y tenemos dos herramientas importantes que se pueden incluir en cualquier mesa de carácter político: el indulto, que es un acto dependiente del ejecutivo, un acto propio del presidente por mandato constitucional; y una ley de amnistía, que es un acto propio del poder legislativo. Podría ser por vía de ley que se quite el carácter penal a una situación de carácter político. Sin embargo, tenemos que apuntar a la liberación de los presos políticos como acto de entendimiento político y de reconciliación de la sociedad.

-¿Por qué lo ve de esa manera?
-Son 900 familias que se ven afectadas. Es una fractura a lo largo y ancho del país. Es un debate permanente que se plantea. Si quisiéramos tener entendimiento en nuestra sociedad no hay mejor acto ni demostración de reconciliación que la liberación de las personas presas por causas políticas.
-El gobierno alega que son terroristas.
-Si queremos diálogo, para hablar en términos coloquiales, de parte y parte hay actores que tendrán que taparse la nariz. Vale para ambos, si queremos procurar un entendimiento. El acto de la amnistía y el indulto no comenzaron en 2025; han formado parte de la historia sociopolítica latinoamericana. Si queremos procurar el entendimiento, tenemos que apartarnos un poco de las razones y mirar hacia el futuro. Venezuela quiere llegar hacia el futuro.
-¿Qué pasa con los presos políticos militares?
-Ahora tenemos una cantidad de militares procesados en tribunales penales ordinarios, por esta última reforma que hubo del COPP, pero no deja de preocupar.
-¿Están en indefensión?
-En la misma situación que los otros. No puede haber una sociedad con tranquilidad, una sociedad estable, con una cantidad tan alta de personas detenidas por razones políticas. Las cárceles son un reflejo de la sociedad, en cualquier sociedad del mundo. Es una forma de ver esa parte oscura de la sociedad, esa parte desatendida, que ha generado ruido e inestabilidad. No podemos hablar de una sociedad estable porque vimos gente paseando en Semana Santa, o porque vimos a la gente disfrutando de las playas y los paisajes, cuando tenemos una cantidad tan alta de gente presa por razones políticas.
-Habla de reformas en el poder judicial. ¿Por dónde empezaría?
-Por la institucionalidad. Una cruzada que habría que iniciar en el país. Creo que hay cosas que solo atribuimos al ejecutivo aunque todos tenemos un grado de corresponsabilidad y debemos estar dispuestos a colaborar con la reconstrucción de un poder judicial y de la sociedad.