Exigieron la liberación de los más de 300 presos políticos civiles y militares

La diputada Delsa Solórzano, denunció que el régimen de Nicolás Maduro, aprovecha la cuarentena social para perseguir a la disidencia y amedrentar a trabajadores de la salud, que denuncian la emergencia hospitalaria compleja, que dificultad afrontar la pandemia del virus COVID-19 en el país.

“El régimen aprovecha la cuarentena social para perseguir a la disidencia y amedrentar a las personas que se atreven alzar su voz y a su vez, alertar que en el marco de la crisis humanitaria sin precedentes que existe en el país”, indicó Solórzano. Ahora “se incrementa el riesgo de nuestra vida y salud, porque Venezuela no cuenta con los insumos médicos necesarios, para atender casos de coronavirus”, fustigó la parlamentaria.

También exigió la liberación de los más de 300 presos políticos civiles y militares.

Denunció que los diputados Juan Requesens, Gilbert Caro, Renzo Prieto y Tony Geara; el Director de Despacho de la Presidencia, Roberto Marrero y el tío de Juan Guaidó, Juan Márquez, además de los presos políticos de Ramo Verde, presentan serios problemas de salud, que pueden agravarse con la llegada del COVID-19.

Solórzano, indicó que tienen conocimiento, a través de los medios de comunicación social, de que cuatro funcionarios del Sebin que trabajan en El Helicoide, dieron positivo para coronavirus: “Está situación, evidentemente, ponen en altísimo riesgo los presos políticos que están recluidos en ese recinto”.

“No tenemos acceso directo a presos de El Helicoide, hay información de los propios funcionarios. Hay por lo menos dos prisioneros que pudieran tener síntomas de coronavirus; necesitan pruebas de despistaje”, reveló.

Responsabilizó a Nicolás Maduro, de la grave crisis hospitalaria y humanitaria. Por otra parte, reiteró que las sanciones económicas en contra de funcionarios de la cúpula del régimen de Maduro no afectan al sector salud y aseguró que no permitirán que se le siga mintiendo a Venezuela, “porque no existe ninguna sanción que imponga alguna restricción para la compra de insumos médicos”.

Terrorismo de Estado

De igual forma, Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los DDHH, exigió la liberación de todos los presos políticos sin excepción y denunció que los prisioneros políticos y comunes pueden padecer enfermedades infectocontagiosas, en calabozos policiales.

“De más de 170 personas que murieron, 80 % fue por situaciones de salud; en las cárceles de 79 personas que fallecieron 69 fue por el tema salud”, puntualizó.