Alfredo Ruiz señaló que la autopsia ya no es realizada por las autoridades militares sino por funcionarios de la Medicatura Forense (del Cicpc) y por un servicio especial que tiene el Ministerio Público en caso de presuntas violaciones de derechos humanos

El Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz señaló que “De ninguna forma y por ninguna causa” la tortura puede ser justificada, en una entrevista que ofreció la mañana de este martes 2 de julio en el programa A Tiempo, en Unión Radio.

Ante esto rechazó cualquier “trato cruel, inhumano y degradante” contra los privados de libertad y que los responsables deben ser sancionados, a propósito de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida la madrugada del sábado 29 de junio, presuntamente por torturas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Asimismo, señaló que se debe realizar “un proceso independiente de justicia ordinaria. La autopsia ya no es realizada por las autoridades militares sino por funcionarios de la Medicatura Forense (del Cicpc) y por un servicio especial que tiene el Ministerio Público en caso de presuntas violaciones de derechos humanos”.

De hecho, la Defensoría del Pueblo informó a través de un comunicado que inició una investigación tras conocer el fallecimiento de Acosta Arévalo.

Además, hizo un llamado a todos los cuerpos de seguridad a “optimizar esfuerzos con el fin de prevenir la violencia y garantizar la vida, la salud y la integridad física, psíquica y moral de todas las personas, especialmente quienes se encuentran privadas de libertad o bajo su custodia”.

En la misiva, la institución también exhortó a los entes del sistema de justicia “a garantizar el debido proceso, el cual se debe aplicar en todas las actuaciones judiciales y administrativas”.

El organismo destacó que los aparatos de justicia deben abocarse “a los fines de dar cumplimiento a la efectiva protección del Estado y el respeto a los derechos humanos, con el objeto de lograr una justicia expedita, sin dilaciones indebidas”.

Más temprano, el fiscal general Tarek William Saab, informaba que “realizadas las primeras experticias pertinentes y las investigaciones preliminares, se ha establecido la vinculación de dos funcionarios adscritos a la Dgcim con este lamentable hecho”.

Saab indicó a través de su cuenta en la red social Twitter la detención preventiva del teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ascanio Antonio Tarascio y del sargento segundo de la GNB Estiben José Zarate, por su presunta vinculación en los hechos.

Acosta Arévalo, quien era capitán de corbeta en situación de reserva activa, se encontraba detenido en la sede de la Dgcim y falleció durante el acto de presentación ante el tribunal competente.

Arévalo estaba siendo investigado e imputado “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.

Por último, la Defensoría del Pueblo, expresó palabras de condolencias a los familiares del fallecido y manifestó su compromiso de hacer el debido seguimiento al referido caso.