En su discurso en la OEA, el secretario ejecutivo de la Corte Internacional de Derechos Humanos afirmó que 49 medidas cautelares otorgadas a venezolanos continuan vigente
Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), dijo este miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en Venezuela las torturas implican la falta de alimentos y agua, descargas eléctricas, inyecciones de sustancias desconocidas, golpes y abusos sexuales.
Aseguró que la crisis de violación de DDHH que enfrenta Venezuela ha sido objeto de especial atención y que se ha derivado de una grave crisis política, social, económica y en general por la audiencia del Estado de derecho.
Recordó que la CIDH tiene 49 medidas cautelares vigentes a venezolanos, las cuales han sido otorgadas para quien se encuentre en una extrema situación de vulnerabilidad. También mantiene medidas otorgadas para personas con enfermedades como hemofilia y VIH que no tienen acceso a medicamentos.
Cuarenta por ciento de la medidas otorgadas por la CIDH beneficia a personas que aseguraron ser víctimas de malos tratos durante sus detenciones. La Corte recibió información de que estas personas fueron golpeadas e inyectadas con sustancias desconocidas.
El secretario ejecutivo informó que la comisión ha estudiado extender las medidas para proteger a Roberto Marrero, además de que siguen viendo con preocupación la persecución de miembros del cuerpo castrense. “Este año hemos otorgado 7 medidas cautelares a militares”, expresó.
Asimismo, Abrao alertó sobre la continua violación de los DDHH en Venezuela, en especial de los presos políticos como la jueza María Lourdes Afiuni.
Sobre la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo manifestó que éste sufrió «evidentes actos de tortura» durante su detención en las instalaciones de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo la responsabilidad del Estado.
Aseguró que continuarán el monitoreo de la violación de DDHH en Venezuela y confirmó que recibieron la invitación del representante de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, para verificar la situación.
Durante los últimos años la CIDH ha trabajado y continúa haciéndolo junto con órganos de Naciones Unidas para fortalecer la protección de los derechos humanos de los venezolanos, incluyendo a los 4 millones que se encuentran fuera de su país.