El profesor de economía en el instituto de negocios IESA con sede en Caracas, José Manuel Puente, afirmó que «los cambios son una reacción al colapso del estado, no un plan bien pensado»
Este viernes, la agencia de noticias Bloomberg, publicó un artículo en el que denuncia que la administración de Nicolás Maduro, habría hecho la entrega de las estaciones de gasolina, que eran de propietarios ajenos a su gobierno para así «eludir las sanciones por parte de EEUU, y convertirlas en complejos comercios».
Incluso, algo que ya se sabe en las calles de Venezuela, es que ahora estas estaciones cuentan con un cadena de tiendas llamada Via, la cual vende mercancía importada de Turquía y Estados Unidos, junto a nuevas maquinas de distribución de combustible, uniformes que evocan «a la indumentaria táctica», y su propia marca de bolsas de hielo.
“Es un plan bastante sencillo hasta que miras bajo el capó: los acuerdos de gasolineras que el gobierno de Maduro ha hecho hasta ahora no se revelan públicamente. Nadie parece saber quién los posee en última instancia o quién los dirige. Y algunos ya están expresando su preocupación sobre si el propio gobierno todavía está detrás de las operaciones”, reseñó la agencia en la nota.
En ese sentido, el profesor de economía en el instituto de negocios IESA con sede en Caracas, José Manuel Puente, afirmó que «los cambios son una reacción al colapso del estado, no un plan bien pensado.Las nuevas estaciones de bombeo de combustible son solo una ilusión de armonía, no parte de una estabilización estructural de la economía».
La red de importación y distribución de combustible del país está totalmente en manos de Petróleos de Venezuela SA, sancionada por Estados Unidos. El gobierno está trabajando en una reforma que acabará oficialmente con el monopolio y permitirá que Maduro también transfiera algunas de esas operaciones a sus aliados. Sin embargo, esa sería una empresa mucho más grande y parece aún más improbable que pudieran operar sin hacer negocios con PDVSA, como se conoce a la petrolera estatal.
En una nueva estación de servicio Vía, en el este de Caracas, los conductores pueden dirigirse directamente a la bomba sin tener que esperar en interminables filas de automóviles que se han convertido en algo común en la ciudad. La gasolina allí es mejor y cuesta 50 centavos por litro, o aproximadamente $ 1,90 por galón. Eso puede parecer barato para los estándares internacionales, pero el salario mínimo en Venezuela es menos de $ 1 al mes. Los clientes también pueden encontrar whisky escocés de 18 años, café mexicano y cortes de carne de primera calidad empaquetados en las nuevas tiendas de conveniencia, fuertemente vigiladas.
Esta medida empezó cuando en el mes de junio del año 2020, el gobierno de Maduro, dio un «ultimátum» a las bombas que «si no abrían serían tomadas», ya que durante las escasez de gasolina el año pasado, las bombas trabajaban hasta las doce de la noche para garantizar la distribución por la pandemia y «la poca gasolina».
De acuerdo con un documento de Petróleos de Venezuela, la estatal petrolera rescindiría el contrato de forma unilateral sin hacerse responsable por daños y perjuicios bajo el pretexto de garantizar el expendio de combustibles, al ser un “servicio público de primera necesidad”.
Esto llevó a que en los próximos días varias bombas en el Este de Caracas fueran tomadas por las autoridades y puestas «en manos» de nuevos inversionistas. En esos días, la Cámara de Comercio de Caracas, afirmó que, la decisión de Pdvsa se exhortar a la “entrega” de las estaciones de servicio solo generará más desempleo
La Cámara exigió “que se evite la realización actuaciones similares que en nada contribuyen a la reactivación económica del país, al establecimiento y estabilidad de las fuentes generadoras de trabajo, riqueza y bienestar”.