El juez Jorge Chávez Tamariz dictó este jueves la prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) para evitar que rehuya a una eventual condena en el juicio por el delito de cohecho pasivo propio, a raíz de los presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
En una audiencia pública, el magistrado dio lectura a la resolución después de la argumentación del fiscal Germán Juárez, que detalló el pago de los sobornos por 2,3 millones de soles (611.000 dólares) de las empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y ampliación del Hospital de Moquegua, a solicitud del entonces gobernador regional.
El juez de primera instancia consideró que existe peligro procesal y peligro de fuga al argumentar que el exmandatario no tenía arraigo laboral ni familiar porque su esposa, Maribel Díaz, e hijo menor viven en otra ciudad, y que al menos uno de los contratos de trabajo presentados es «cuestionable» porque la empresa es dirigida por su esposa y sus accionistas son sus hijas.
Tras la resolución, Vizcarra fue conducido por la Policía Nacional a la carceleta del Poder Judicial, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) autorice su ingreso en la prisión de Barbadillo, donde están recluidos también los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), por una condena de lavado de activos, y el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), procesado por su fallido intento de golpe de Estado.
El magistrado afirmó que existían fundados elementos de convicción sobre la comisión de delito para dictar su prisión preventiva por el nivel de sospecha grave y peligro procesal razonables.
Antes de conocerse la resolución, Vizcarra declaró ante el juez que seguía confiando en el Poder Judicial, a pesar del «vía crucis» al que se consideraba injustamente sometido.
El exmandatario aseguró que su arraigo laboral era «pleno», y que había viajado seis veces a nivel nacional, en los últimos meses, para «cumplir con los objetivos» que tenía con los contratos de trabajo y con el partido político Perú Primero, que fundó con miras a las elecciones generales de 2026, donde busca ser candidato presidencial, si bien cuenta con tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso.
