La organización Human Rights Watch (HRW) acusó este jueves a Israel de un crimen de guerra por el ataque que mató a la periodista libanesa Amal Khalil e hirió a su camarógrafa Zeinab Faraj en una localidad del sur del Líbano el pasado mes de abril.
«Las pruebas demuestran claramente que el Ejército israelí sabía, o debería haber sabido, que Faraj y Khalil eran civiles, pero las atacó de todos modos y, posteriormente, impidió durante horas que los paramédicos las rescataran», afirmó la organización en un comunicado, en el que tildó lo sucedido de «ataques aparentemente deliberados contra civiles» que constituirían «crímenes de guerra».
El incidente ocurrió el pasado 22 de abril en la localidad de At Tiri, del distrito de Bint Jbeil, en el sur del país, cuando las reporteras en cuestión se refugiaron en un edificio tras el bombardeo de un vehículo cercano.
A pesar de que la ONU notificó formalmente a las fuerzas israelíes de que había periodistas atrapadas en el lugar, drones israelíes las vigilaron y, casi hora y media después del aviso, la aviación israelí destruyó el inmueble en el que se encontraban.
La ONG acusó además a Israel de haber «obstaculizado» el posterior rescate humanitario mediante el lanzamiento de una granada aturdidora desde un dron y disparos de armas ligeras contra la ambulancia de la Cruz Roja libanesa.
Según sostiene HRW a partir de los informes médicos y la cronología de los hechos, este retraso en la evacuación provocó que Khalil falleciera por un paro cardíaco derivado de una hemorragia grave en la cabeza antes de recibir la atención médica necesaria.
Para elaborar el informe, la organización entrevistó a ocho personas -entre ellas la camarógrafa superviviente y personal de emergencia- y verificó más de 30 vídeos y fotografías geolocalizadas, además de registros de llamadas y datos satelitales.
En respuesta a diversas consultas de HRW, el Ejército israelí sostuvo que el incidente ocurrió durante una operación contra dos supuestos miembros del brazo militar del grupo chíi libanés Hizbulá y que la acción está siendo evaluada de forma interna.
Sin embargo, la ONG recordó que los periodistas y el personal sanitario gozan de protección bajo el derecho internacional y que la presencia de personas afiliadas a grupos armados no justifica los ataques contra civiles.
En este contexto, HRW exigió a la comunidad internacional la suspensión de la venta de armas a Israel e instó a Estados Unidos, al Reino Unido y a la Unión Europea a aplicar sanciones a los responsables.
Asimismo, la organización reclamó al Gobierno libanés que acuda formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI).
«El Líbano debería poner fin a la impunidad de los abusos cometidos por Israel, y los demás países deberían presionar para que se exijan responsabilidades y utilizar su influencia sobre las autoridades israelíes para evitar que se cometan más crímenes», concluyó la organización.
