Violencia persistente, democracias bajo asedio, corrupción enquistada y pobreza estructural: las dolencias históricas de América Latina y el Caribe resurgen como un inventario incómodo en la antesala de la próxima Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Honduras. Más allá de los discursos y las fotografías protocolares, los líderes llegan con el desafío de abordar lo que aún no cambia.
Una cita clave en medio de tensiones
La IX Cumbre de la Celac, que se celebrará el 8 y 9 de abril en Honduras, contará con al menos once mandatarios, entre presidentes y primeros ministros, que han confirmado su asistencia hasta este viernes, informó una fuente oficial. Los presidentes que han confirmado su participación son Gustavo Petro, de Colombia; Luis Arce, de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Yamandú Orsi, de Uruguay; Claudia Sheinbaum, de México; Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Leslie Voltaire, mandatario provisional de Haití.
La reunión tendrá lugar en momentos en que los países miembros de este organismo de concertación enfrentan una escalada en las tensiones comerciales con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara, el pasado miércoles, la imposición de un “arancel recíproco” del 10 % a todas las importaciones procedentes de países de América Latina, con excepción de Venezuela y Nicaragua, que enfrentarán tasas más elevadas, del 15 % y el 18 %, respectivamente.
Violencia que no cede
América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo, con tasas de homicidios que triplican el promedio global. La inseguridad, alimentada por el narcotráfico y el crimen organizado, representa un costo equivalente al 3,4% del PIB regional, lo cual limita las inversiones y afecta a la calidad de vida de la población. Según el Estudio Global sobre Homicidios de la ONU (UNODC), la región concentra casi el 30 % de los homicidios del planeta pese a tener solo el 8 % de la población mundial.
“La región enfrenta una crisis de seguridad pública sin precedentes”, advierte Jean-Luc Lemahieu, director de Análisis de Políticas de la UNODC. “Los grupos criminales han perfeccionado su capacidad de capturar territorios y corromper instituciones”.
En Honduras la situación es especialmente crítica. Según Human Rights Watch (HRW), el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha logrado pocos avances en el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El país enfrenta problemas estructurales, incluyendo corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, altos niveles de violencia y ataques letales contra defensores del medioambiente, señala HRW. Además, organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y carteles mexicanos han expandido su influencia en la región.
Democracias bajo asedio
La polarización política y la desconfianza en las instituciones democráticas se han profundizado en varios países de la región. Expertos señalan que la falta de resultados efectivos en la gobernanza democrática ha erosionado la confianza ciudadana, creando un caldo de cultivo para líderes autoritarios y debilitando los contrapesos institucionales. Según el Latinobarómetro 2023, solo el 48 % de los latinoamericanos apoya la democracia como sistema preferido.
“En algunos países, los Gobiernos han utilizado la legislación para debilitar la independencia judicial y silenciar a la prensa”, denuncia Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Casos como Nicaragua, Venezuela y El Salvador ilustran un patrón preocupante de concentración de poder y debilitamiento de los mecanismos democráticos.
Corrupción enquistada
La corrupción sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo en América Latina. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, países como Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras figuran entre los peor calificados a nivel mundial.
“En demasiados países, la corrupción sigue siendo endémica, socavando el estado de derecho y la confianza pública”, afirma Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
En Honduras la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad (CICIH) ha avanzado lentamente. Aunque en septiembre pasado se presentó un segundo borrador de acuerdo para establecer la CICIH, que aseguraría su independencia y autonomía, el progreso en su implementación ha sido limitado. A nivel regional, el legado del ‘caso Odebrecht’ sigue presente, mostrando cómo la corrupción puede operar a escala multinacional.
Pobreza estructural
La pobreza y la desigualdad persisten como desafíos centrales. La falta de acceso a educación de calidad, servicios de salud y oportunidades económicas perpetúa ciclos de pobreza que afectan a generaciones enteras. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), más de 180 millones de personas en la región viven en situación de pobreza, y más de 80 millones en pobreza extrema.
“La desigualdad no es solo económica; es también de acceso a derechos básicos”, expresa José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal. “Mientras no se cierre esa brecha, no habrá desarrollo sostenible en la región”.
Estas condiciones, a su vez, alimentan la migración masiva y la inestabilidad social. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo: el 10 % más rico concentra más ingresos que el 40 % más pobre.
La próxima IX Cumbre de la Celac representa una oportunidad para que los líderes de América Latina y el Caribe aborden abiertamente los graves problemas que aquejan a la región. Más allá de las declaraciones y compromisos, los ciudadanos espera acciones concretas que conduzcan a sociedades más seguras, justas y prósperas.
