El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó el pasado 26 de enero que sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de 2024
El canciller de Uruguay, Omar Paganini, afirmó este jueves que decidió llamar a consultas al embajador uruguayo en Venezuela, Eber da Rosa, para que informe sobre «preocupantes acontecimientos» que harían «inviable» la celebración de elecciones libres en ese país.
Así lo anunció Paganini mediante una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que etiquetó además al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.
«Hemos decidido llamar en consultas a nuestro embajador en Venezuela para ser informados sobre los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país», escribió el canciller.
El llamado a consultas a un embajador consiste en una orden que el Ministerio de Relaciones Exteriores le envía a este para que viaje de manera urgente al país con el fin de informar sobre un determinado asunto y recibir instrucciones particulares.
El pasado jueves, el presidente Lacalle Pou aseguró a la prensa que las elecciones que Venezuela celebrará en el segundo semestre de este año no serán libres y democráticas tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
«Claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela», aseveró el mandatario, quien recordó que en más de una oportunidad dijo lo que pensaba del Gobierno venezolano, al que ha calificado de «dictadura», y que también se lo dijo directamente al mandatario de ese país, Nicolás Maduro.
«Nosotros no tratamos de tener un punto de vista según nos guste más o menos un Gobierno», añadió en sus últimas declaraciones Lacalle Pou, quien subrayó que la inhabilitación de Machado muestra que no se tiene «ningún tipo de voluntad» de que las elecciones sean transparentes.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó el pasado 26 de enero que sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de 2024.
Mediante una sentencia de la Sala Político Administrativa, el Supremo declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la exdiputada liberal, que esperaba que le fuera levantada esta sanción a través de este mecanismo de revisión de casos acordado entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
