El pasado 7 de noviembre domingo, Daniel Ortega fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en unos comicios generales que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional
Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) descalificaron este viernes las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre en Nicaragua, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega, al advertir que «no tienen legitimidad democrática».
Con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia, las 34 delegaciones que participaron en la 51 Asamblea General del organismo interamericano aprobaron una resolución sobre «La situación en Nicaragua», que se sumó a las expresiones de condena de la comunidad internacional.
«Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática», señaló el pronunciamiento promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.
Estados Unidos y Canadá encabezaron la votación a favor, grupo al que se sumó Argentina, mientras que México se abstuvo junto a varios países caribeños.
Nicaragua fue el único que votó en contra.
En concreto, la resolución instruyó al Consejo Permanente de la OEA en esta quincuagésima primera asamblea a realizar una «evaluación colectiva inmediata» de la situación en ese país, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que deberá completarse «a más tardar el 30 de noviembre».
Tras ese periodo, esa instancia deberá tomar las «acciones apropiadas».
Consultado al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró en una conferencia de prensa que la evaluación colectiva «es esencialmente el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana».
Ese artículo prevé que, «en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional», cualquier país miembro o el propio secretario general pueden solicitar «la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente».
Y aunque no se habló de una posible suspensión de Nicaragua, la Carta Democrática contempla esa posibilidad en caso de que se “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.
Almagro aclaró que no corresponde a la secretaría que dirige «prejuzgar cuál va a ser la decisión que va a tomar el Consejo Permanente en esa evaluación colectiva».
En todo caso, destacó que esta resolución demuestra la «voluntad» de la OEA «de trabajar con Nicaragua y de lograr una solución para el tema institucional» que aflige a ese país.
«Nuestra voluntad es acompañar los trabajos», puntualizó el secretario general.
Previa a la votación de la iniciativa, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, rechazó «de la manera más categórica el proyecto de resolución» que, aseguró, «se quiere imponer» en contra de su país en esta Asamblea General.
Además, denunció que entre sus proponentes se encontraba «un impostor, que usurpa el lugar de Venezuela», en alusión a la delegación del líder opositor Juan Guaidó, y advirtió que ello se suma la «ilegalidad y nulidad» de la resolución.
