Desde el 12 de julio pasado, la Fiscalía guatemalteca ha perseguido judicialmente a Arévalo de León y a su partido, el Movimiento Semilla, tras ganar los comicios
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, manifestó este martes su rechazo enérgico a las acciones que «atentan contra la soberanía nacional», tras la sanción de Estados Unidos a más de 100 diputados por interferir en el proceso electoral.
Giammattei también dijo, mediante un comunicado de prensa, que entregará el poder el próximo 14 de enero, como establece la ley, al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
«En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos», dijo el gobernante.
Sobre Estados Unidos, el mandatario no se refirió específicamente al retiro de visado que sufrieron el lunes más de 100 diputados, como oficializó el Gobierno de Joe Biden, pero sí hizo énfasis en la relación entre ambas naciones.
«Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral», expuso Giammattei.
En el mismo sentido, el presidente pidió a «miembros de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala».
El pasado lunes, Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país de 300 guatemaltecos, entre los que hay 100 diputados del Congreso, por «socavar la democracia» del país centroamericano.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, condenó en un comunicado «las acciones antidemocráticas» del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala en contra del presidente electo.
Miller puso como ejemplo las órdenes de arresto contra trabajadores electorales, la solicitud para retirar la inmunidad judicial de Arévalo de León y los intentos para anular los resultados electorales.
Según la Administración de Biden, todas estas acciones demuestran la «intención clara de deslegitimar» las elecciones e «impedir» la toma de posesión de Arévalo de León en enero, y suponen una violación a la Carta Democrática Interamericana.
El mismo Arévalo de León indicó el 1 de septiembre que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, lleva a cabo un «golpe de Estado» en su contra junto a «otros actores corruptos» para evitar que tome posesión el 14 de enero.
