En un paso decisivo hacia la consolidación del poder unipersonal en Nicaragua, el Parlamento del país centroamericano confirmó que ejecutará la propuesta del presidente Daniel Ortega para eliminar definitivamente los procesos electorales. El anuncio, respaldado por la bancada oficialista que responde a la administración de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, justificó la enmienda constitucional en aras de «garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad» de la nación.
La posición fijada por el bloque legislativo formaliza la declaración efectuada el pasado fin de semana por el mandatario durante los actos del aniversario de la Revolución Sandinista, en los cuales aseveró de forma categórica que en la nación «no volverá a haber elecciones». Con esta decisión se cancela formalmente la cita con las urnas prevista para noviembre de 2027, cuyo calendario ya había sido alterado en enero de 2025 mediante un ajuste parlamentario que extendió el mandato presidencial de cinco a seis años.
Escalada autoritaria y erosión institucional
La medida representa la culminación de un proceso sistemático de reestructuración legal impulsado tras las protestas ciudadanas registradas en 2018. A lo largo de casi dos décadas en el poder, el Ejecutivo ha utilizado la mayoría calificada en la Asamblea para modificar la Carta Magna, centralizar la toma de decisiones y desmantelar las garantías institucionales del sistema democrático.
El entorno político de la nación centroamericana ha estado marcado por:
- Persecución de disidentes: El encarcelamiento sistemático de dirigentes de la oposición, voceros religiosos y figuras críticas al régimen.
- Cierre de espacio cívico: La clausura masiva de miles de organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de la sociedad civil.
- Inhabilitación de la alternativa política: La anulación de mecanismos constitucionales para la alternancia en la conducción del Estado.
Condena internacional y diplomacia estadounidense
El anuncio provocó un inmediato rechazo en el ámbito multilateral. Este miércoles, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la decisión agrava el deterioro del Estado de derecho y restringe de forma severa las libertades públicas, recordando que el ejercicio del sufragio es un derecho inalienable para todos los sectores políticos.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, catalogó la abolición electoral como una evidencia explícita de la naturaleza autoritaria del binomio Ortega-Murillo. En un comunicado oficial, la diplomacia estadounidense exhortó a la comunidad internacional a coordinar acciones para aislarlos del concierto hemisférico.
A pesar de la firmeza retórica y la aplicación de sanciones, la administración de Donald Trump no ha ejecutado cambios drásticos en su política exterior hacia Managua. Esta postura contrasta con el trato dispensado hacia otras naciones de la región, como El Salvador, donde el gobierno estadounidense ha mantenido una línea de respaldo hacia el presidente Nayib Bukele pese a las advertencias de diversos sectores sobre el debilitamiento de los contrapesos democráticos en ese país. Ante la oleada de pronunciamientos internacionales, el gobierno nicaragüense optó por no ofrecer comentarios.
