La coordinadora residente de la ONU en Colombia, Maria José Torres, alertó este viernes de que las 4.000 escuelas dañadas por el terremoto de Colombia aumentan el riesgo de reclutamiento infantil por parte de grupos armados.
«El reclutamiento de niños en Colombia es un problema preexistente. Nos preocupa que la situación de los niños sin escuela pueda exacerbar esta situación», aseguró Torres en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general en la que compareció por videoconferencia.
Según declaró, hay casi 4.000 instalaciones educativas inoperables en las zonas afectadas por el seísmo.
«Necesitamos reconstruir muy rápidamente, incluido para que los niños regresen a un entorno educativo protector, particularmente en las áreas en las que estamos trabajando en Chocó y Valle del Cauca, donde hay presencia de grupos armados ilegales», apuntó.
Torres afirmó que los principales hospitales de las zonas muy vulnerables también se encuentran inoperativos.
El pasado 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia dejando 331 víctimas mortales y 4.439 heridos, de acuerdo con los el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentado este lunes.
La coordinadora detalló que cerca de 196.000 familias afectadas a lo largo de 16 departamentos, lo que representa prácticamente la mitad del territorio del país.
Para atender a la emergencia, el equipo de la ONU ha actualizado su plan de respuesta y solicita 148 millones de dólares a la comunidad internacional para socorrer a 127.000 personas en situación de extrema urgencia.
Entre otras necesidades, Torres priorizó la entrega de subsidios de alquiler y materiales de construcción para avanzar en la vuelta a la normalidad.
Preguntada por la colaboración con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió días antes del terremoto, la coordinadora aseguró que fue «muy abierta y muy fluida desde el primer día».
«La razón por la que creo que esto pudo suceder fue, además del liderazgo, porque los sistemas que existen en Colombia, que incluso están establecidos por ley, han continuado funcionando en la transición de un gobierno al siguiente», declaró.
También destacó la participación de organizaciones de las comunidades indígenas y afrocolombianas, que han formado parte de los equipos de respuesta.
