El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este martes siete nuevas preguntas a la Corte Constitucional que busca incluir en el referéndum que podría realizarse el próximo 30 de noviembre, según anunció la Presidencia.
«El Gobierno nacional siempre será perseverante al darle al pueblo ecuatoriano lo que ha pedido durante años: soluciones y la posibilidad de decidir. Y no se rendirá en alcanzar este objetivo», señaló el Ejecutivo en un comunicado.
Este nuevo envío se realiza cinco días después de que la Corte Constitucional decidió rechazar tres de las primeras siete preguntas que el mandatario había enviado para su análisis, entre las que estaban la de la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados del alto tribunal.
La portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, adelantó el lunes en su rueda de prensa semanal que harían una «reformulación de los planteamientos» hechos «para encontrar la mejor vía de llegar a la consulta popular».
Reforma constitucional
En esta ocasión, el presidente propone reformas constitucionales relacionadas con la creación de un registro de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación contra niñas, niños y adolescentes. Los jueces le habían dicho días atrás al Gobierno que el registro les parecía «excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad».
Además, Noboa quiere preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de las leyes presentadas por el presidente, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial cuando al menos seis de los nueve jueves estén de acuerdo.
Propone también enmendar la Constitución para sancionar y juzgar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos.
Y realizar una enmienda para eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público.
El Gobierno pretendía eliminar por completo a esta institución, pero la Corte le dijo días atrás que la supresión de un órgano constitucional alteraría la estructura del Estado, por lo que no podía hacerlo mediante una enmienda.
Preguntas para consulta popular
Noboa también planteó tres preguntas para consulta popular. La primera relacionada con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles cinco estrellas, que es otra de las preguntas reformuladas después de que los magistrados le dijeron la semana pasada que lo propuesto no cumplía «con los parámetros constitucionales».
También propone que se prohíba el uso del nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Y que se expida una nueva ley de garantías constitucionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional.
Para el mandatario, estas preguntas «buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita», por lo que exhorta a «los organismos correspondientes que actúen a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano».
Del primer paquete de preguntas habían sido aprobadas tres, relacionadas con la contratación laboral por horas en el sector turístico, con la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento) y con permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.
Este nuevo envío se realiza en medio del pulso que el Gobierno mantiene con la Corte Constitucional, contra la que Noboa encabezó hace unas semanas una marcha después de que los jueces suspendieron parcialmente y de forma temporal varios artículos de polémicas leyes aprobadas recientemente y que el mandatario considera fundamentales para el combate al crimen organizado.
