La familia del candidato asesinado y un parlamentario presentaron ante la Fiscalía denuncias contra el presidente y el Gobierno por su presunta responsabilidad en haber facilitado el crimen de Villavicencio
El Gobierno de Ecuador manifestó este viernes su «total rechazo» a las denuncias que acusan al presidente, Guillermo Lasso; al ministro del Interior, Juan Zapata; y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, por una presunto omisión en su resguardo por parte del Estado, según los registra un cable de la agencia de noticias EFE.
El Ministerio de Gobierno expresó en un comunicado que para el Ejecutivo «es inaceptable que se considere que la actuación del presidente, del ministro del Interior y del comandante general de la Policía fue ‘premeditada’ con el objeto de ‘dejar en el abandono a un candidato presidencial'».
La administración de Lasso pidió que no se politice el caso y que se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones para llegar a «una verdad procesal».
«Es lo justo para la democracia, la sociedad, para la familia del candidato y para la memoria de Fernando Villavicencio, por quien el Gobierno nacional siempre ha guardado la más alta consideración y un profundo respeto», señaló el comunicado.
El Gobierno ecuatoriano recordó que «desde el momento en que conoció sobre este repudiable crimen, puso en marcha todos los mecanismos que le competen, para que la investigación avance y se encuentre a los autores materiales – ahora detenidos – e intelectuales del asesinato», señala EFE.
Asimismo, el Ejecutivo recordó la solicitud que le hizo a Estados Unidos para que un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) colabore con las investigaciones del crimen, sucedido el 9 de agosto, cuando Villavicencio fue acribillado por presuntos sicarios colombianos a la salida de un mitin en Quito.
También expresó su voluntad de «resolver el caso con total transparencia bajo la conducción de la Fiscalía General del Estado, en el menor tiempo posible».
Tanto la familia de Villavicencio como un candidato a asambleísta presentaron ante la Fiscalía denuncias contra el presidente y el Gobierno por su presunta responsabilidad en haber facilitado el crimen de Villavicencio.
El cable de agencia española EFE refiere que a los pocos días antes de su asesinato, Villavicencio había denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte presuntamente procedentes de Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal de Los Choneros, una de las que el candidato presidencial había prometido combatir en su cruzada contra la corrupción y las mafias.
Hasta el momento se desconoce el autor intelectual del asesinato, cometido materialmente por un grupo de al menos siete colombianos, de los que seis fueron detenidos pocas horas después y se encuentran en prisión provisional, mientras que otro falleció presuntamente por el intercambio de disparos mantenido con el personal de seguridad que resguardaba a Villavicencio.
Villavicencio era uno de los ocho candidatos inscritos para suceder a Lasso y completar el periodo 2021-2025, interrumpido por el mandatario cuando en mayo invocó el mecanismo constitucional de la «muerte cruzada», con la que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando esta se disponía a votar su destitución.
