El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó la reforma constitucional para aplicar la cadena perpetua a menores de edad, entre 12 y 18 años, condenados por delitos graves, entre ellos: homicidio, terrorismo y violación.
Esta reforma, que entraría en vigor a partir del 26 de abril, se produjo después que un grupo internacional de abogados señalara “motivos suficientes” para asumir que El Salvador, bajo el liderazgo de Bukele ha cometido sistemáticos crímenes de lesa humanidad durante el Estado de excepción desde hace cuatro años.
Las reformas a la Constitución llevaron a los diputados a reformar otras leyes como los códigos penal y procesal penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.
La medida aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, fue rechazada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por considerar que vulneraba de los derechos de la niñez.
El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han expresado su “profunda preocupación” ante la aprobación de estas reformas. Para estos organismos, los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un trato que “priorice su rehabilitación y reintegración” y que la prisión sea el “último recurso y durante el menor tiempo posible”
