El expresidente de Bolivia Evo Morales se rehusó a comparecer este jueves 10 de octubre ante una fiscal que lo investiga por el presunto abuso de una menor durante su mandato
El expresidente de Bolivia Evo Morales estaba citado a declarar este jueves 10 de septiembre en la región sureña de Tarija, donde se investiga un caso en su contra por supuesta trata de personas y estupro.
Sin embargo, la defensa del exmandatario presentó un memorial para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
De 64 años y convertido en el mayor opositor del Gobierno de su exministro Luis Arce, el líder indígena fue citado por la Fiscalía del departamento de Tarija para que rindiera su testimonio dentro del proceso por «estupro, trata y tráfico de personas».
Sin embargo, su abogado Nelson Cox anticipó que Morales – que tilda de «una mentira más» los señalamientos – no se va a presentar porque considera que la investigación es «ilegal».
El expresidente (2006-2019) «no se va a presentar entre tanto no se regularice» el proceso, señaló Cox, tras remarcar que la Justicia ya investigó y archivó la misma denuncia en 2020.
El escándalo que podría poner tras las rejas al influyente líder cocalero se remonta a 2015, cuando -según la denuncia que indaga el ministerio público- Morales se involucró con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016.
Arresto a la vista
La fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada por una jueza que aceptó un recurso del ex jefe de Estado.
Gutiérrez, quien fue removida y restituida en su cargo, reabrió la causa contra Morales no solo por «estupro» -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años-, sino que añadió al expediente la presunción de trata y tráfico de personas.
Según el escrito que sustentó la orden de aprehensión anulada por la Justicia, los padres de la menor la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor», lo que configuraría el delito de trata de personas.
El jueves el ministro de Justicia, César Siles, advirtió que la Fiscalía, conforme la normativa penal, debería ordenar el arresto de Morales en caso de que no cumpliera la citación a declarar.
«Cualquier orden de citación señala en su texto que, en caso de incomparecencia, se expedirá el mandamiento de aprehensión», señaló Siles.
Abogados consultados por la AFP aseguraron que, en efecto, Morales se arriesgaba a ser detenido si la fiscal desestimaba los argumentos de la defensa para no comparecer este jueves.
Efectivamente, la fiscal Sandra Gutiérrez anunció una orden de aprehensión contra Morales para que declare ante el Ministerio Público.
«Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos», señaló Gutiérrez, que es la fiscal departamental de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso.
Morales alega persecución
Morales acusa al gobierno de Arce de reactivar el caso como parte de una «persecución judicial» para sacarlo de la carrera por la nominación del oficialismo para las presidenciales de 2025.
En un mensaje en X, sostuvo que el Gobierno reabrió el caso para detenerlo e incluso «acabar» con su vida.
«El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del Gobierno, que no tiene ninguna respuesta a la crisis (económica) y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral», agregó.
Morales encabezó este jueves actos políticos en la región cocalera del Chapare (centro), muy lejos de Tarija, pero no se ha referido a su decisión de no comparecer ante los fiscales.
Sus bases se declararon en vigilia y amenazaron con bloquear carreteras si la fiscalía ordena la detención de Morales.
El Chapare, su fortín político, es el puente de paso obligado que une vías entre la próspera región de Santa Cruz (este) con La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
«Si sale una orden de aprehensión o se intenta aprehenderlo, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país. Estamos en estado de alerta en defensa de Evo», dijo el senador y dirigente cocalero, Leonardo Loza.
