El Gobierno argentino exigió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) una “atención inmediata” a la situación en Venezuela y aseguró que la misión diplomática de Argentina en Caracas ha enfrentado “situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales”, mientras, Panamá, como Uruguay, condenaron la “demora injustificada” en la investigación de la CPI.
En un discurso durante la reunión anual de países miembros de la CPI, el embajador argentino, Mario Javier Agustín Oyarzábal, aseguró que la situación venezolana “exige atención inmediata” y lamentó “profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación” abierta desde noviembre de 2021 ante el fiscal Karim Khan por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, señaló.
Además, subrayó que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria de Nicolás Maduro y desencadenó una oleada de cuestionamientos, las “circunstancias en el país se han deteriorado aún más”, y advirtió de que “la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.
Por otro lado, denunció que la misión diplomática argentina en Caracas “ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro” en Venezuela.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”, instó Oyarzábal.
Uruguay alertó de que “están en juego la libertad, la integridad física y hasta la propia vida de cientos de personas” y Panamá expresó su «profundo desacuerdo” hacia “la demora injustificada” en la investigación de “los crímenes atroces que se han cometido y continúan cometiéndose” en Venezuela.
En su turno de la palabra, Hector Alejandro Constant Rosales, embajador venezolano, aseguró que Venezuela es un “Estado democrático y social de derecho y de justicia” y definió lo ocurrido tras las elecciones una “campaña sistemática de desestabilización política y mediática, con la finalidad de generar un cambio violento de gobierno a costa del sufrimiento de su población”.
El fiscal Karim Khan reprendió este lunes a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas”, y le advirtió de que sus investigaciones “siguen en curso, y están activas”, en una alerta de que “el camino de la complementariedad se está agotando”.
Además, insistió en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente” y subrayó a Venezuela “la necesidad de ver un impulso y avances reales” porque “la complementariedad no puede ser una historia interminable”.
También instó a Caracas a permitir el acceso de representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como se había prometido “previamente por escrito”.
Constant Rosales contestó este martes a Khan y consideró “preocupante” que el fiscal desconociera la reactivación de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en territorio venezolano.
“Lamentamos que el fiscal se deje llevar por informaciones de campañas públicas en redes sociales impulsadas por la extrema derecha, el sionismo y potencias occidentales que pretendan aplicar un agotado colonialismo jurídico contra Venezuela, a pesar de contar con canales de comunicación directa”, añadió, invitando a Khan a visitar Caracas para “abordar de manera directa y constructiva” la situación.
La CPI desestimó el recurso de Caracas contra la reanudación de la investigación en Venezuela, que había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso.
Información de EFE
