Este viernes 4 de septiembre, el expresidente de Colombia y exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, afrontará una cita clave ante la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación lo citó a partir de las 9:00 a. m. (hora local) para rendir indagatoria en el marco de tres expedientes penales que investigan la conformación de ejércitos privados de corte paramilitar en Antioquia durante la década de 1990, así como su presunta responsabilidad en masacres en la región y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Pese a que el abogado defensor del exmandatario, Jaime Granados, solicitó por tercera vez el aplazamiento de la diligencia judicial, la fiscal a cargo, conocida como fiscal Abadía, denegó el recurso y ratificó la obligación del investigado de comparecer en las instalaciones del búnker del organismo en Bogotá.
Dentro del ordenamiento penal colombiano, la indagatoria constituye la etapa procesal mediante la cual el imputado ejerce su derecho a la defensa y responde a los cuestionamientos del fiscal del caso, insumo determinante para definir si se archiva la causa o se avanza hacia formalizaciones posteriores. En esta ocasión, Uribe responderá por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida.
Las pesquisas abarcan las incursiones paramilitares perpetradas entre 1996 y 1997 en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia:
Masacre de La Granja (11 de junio de 1996): Ocurrida en este corregimiento de Ituango, la investigación evalúa posibles omisiones en el deber de protección institucional por parte de las autoridades departamentales de la época frente a los ataques paramilitares.
Masacre de El Aro (22 al 31 de octubre de 1997): Ejecutada durante diez días por más de 150 integrantes de autodefensas, dejó múltiples homicidios, ejecuciones de campesinos, desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado. Entre los aspectos centrales por esclarecer figura el supuesto sobrevuelo de un helicóptero oficial de la Gobernación de Antioquia durante el desarrollo de los hechos.
Asimismo, los expedientes indagan la presunta conformación en la década de los 90 de una estructura paramilitar con centro de operaciones en la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, así como otros actos violentos registrados en la zona, entre ellos la masacre de San Roque y casos de desaparición forzada.
El tercer eje central de la indagatoria aborda el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado el 27 de febrero de 1998 por integrantes del grupo sicarial ‘La Terraza’, bajo órdenes de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Previo a su asesinato, Valle denunció públicamente la aquiescencia y la presunta complicidad entre estructuras paramilitares y altos funcionarios de la gobernación departamental en las masacres del norte de Antioquia.
La Fiscalía busca determinar si existió participación directa, indirecta o favorecimiento por omisión de las autoridades de la época en el crimen del líder social.
Con la ratificación de la diligencia, el sistema de justicia colombiano busca establecer responsabilidades definitivas tras años de dilaciones en causas emblemáticas vinculadas al auge del paramilitarismo en el país.
