El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este viernes de la necesidad de que México traduzca su marco legal sobre desapariciones en búsquedas efectivas, con presupuesto y capacidad forense suficientes, ante una crisis que mantiene a más de 130.000 personas desaparecidas en el país.
A dos días del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora el 30 de agosto, el organismo humanitario señaló que México forma parte, junto con Argentina, Colombia, Perú y Brasil, del grupo de países latinoamericanos que ya cuentan con leyes específicas para enfrentar este fenómeno.
Sin embargo, alertó de que la existencia de legislación no basta si esta no se convierte en políticas públicas y acciones concretas, un desafío que persiste en la región pese a los avances normativos de los últimos años.
“Contar con una ley es un paso histórico, pero es el punto de partida, no el fin. Sin activación inmediata, presupuesto protegido y capacidad forense, el marco legal corre el riesgo de quedarse en el papel”, afirmó en un comunicado Mariano Griva, coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR.
El organismo consideró imprescindible garantizar búsquedas urgentes desde las primeras horas de una desaparición, con enfoques especializados y diferenciados, así como mecanismos interinstitucionales que permitan la participación de las familias durante todo el proceso.
También reclamó presupuestos protegidos y políticas de Estado que trasciendan gobiernos y coyunturas, además del fortalecimiento de los servicios médico-legales para recuperar, identificar y restituir dignamente los restos de personas fallecidas.
Más de 130.000 desaparecidos en México
El CICR situó la cifra oficial de personas que continúan desaparecidas en México por encima de las 130.000, una magnitud que forma parte de una crisis extendida por América Latina.
En Colombia se han documentado más de 226.000 casos en el contexto de los conflictos armados, mientras Brasil registró 85.233 personas desaparecidas en 2025 y Perú reportó ese mismo año un incremento del 18 %.
El organismo puntualizó que estos datos deben entenderse dentro de la realidad de cada país y no pueden compararse directamente entre sí.
Además, advirtió de que todavía existen dificultades para conocer la verdadera dimensión del fenómeno debido a la falta de registros centralizados y actualizados en la mayoría de los países, además del subregistro provocado, en buena medida, por los riesgos y obstáculos que afrontan muchas familias para acudir a las instituciones.
El CICR, que en México y Centroamérica trabaja para fortalecer los mecanismos de búsqueda, recordó que la respuesta estatal no debe terminar con la aprobación de leyes.
“Toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada, y toda familia, al derecho a saber, sin importar las circunstancias ni el tiempo transcurrido”, subrayó el organismo, que pidió que las necesidades y la participación de las familias permanezcan en el centro de las políticas públicas.
