Las solicitudes de asilo se conceden por razones de protección de personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual
Venezuela, Colombia y Perú encabezan las solicitudes de asilo presentadas en España en 2023, según los datos publicados a fines de mayo por el ministerio del Interior. Unas cifras que, sin embargo, contrastan con las demandas que finalmente son aprobadas. Muchas acaban en papel mojado por culpa de un sistema de asilo saturado y una interpretación errónea del estatus de cada solicitante.
«El bajo número de reconocimientos de estatuto de refugiado en España se debe a una serie de fallas que hay durante todo el procedimiento», dice a DW Elena Muñoz, abogada y coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). De hecho, en el conjunto de la Unión Europa, España es el tercer país con más solicitudes de asilo, por detrás de Alemania y Francia, pero el tercero con menor reconocimiento, con un 16,5%, solo por delante de Malta y Chipre, y lejos de la media europa del 38%.
Según CEAR, los datos responden a una realidad de personas que quieren solicitar protección internacional pero que no pueden acceder al procedimiento en sí. «Antes de formalizar la solicitud hay dos pasos en los que hay que pedir cita previa, y esos sistemas están colapsados», dice Muñoz. «Estamos viendo que algunos registros de asilo pueden durar de 6 a 8 meses; pero hay realidades de hasta un año de espera», dice.
Problemas de interpretación
El derecho de asilo está regulado en España a partir de diversos instrumentos amparados por tratados Internacionales en el marco de Naciones Unidas y la Unión Europea, pero las trabas en el procedimiento entorpecen tramitar todas las solicitudes. «La complejidad de los expedientes de los solicitantes, que siempre tienen de aportar indicios suficientes de persecución o de daños graves, dificulta atender en tiempo y forma estas solicitudes«, dice a DW Jordi Bacaria, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) e investigador asociado del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).
En este sentido, desde CEAR han exigido un cambio en las entrevistas que se realizan a los solicitantes de asilo. Argumentan que es poco exhaustiva y que deja la decisión de reconocer o no ese estatus al criterio del funcionario que estudia la solicitud basándose en «un párrafo de frases inconexas».
«Es obligación de Estado y del entrevistador colaborar y guiar a la persona solicitante para que establezca ya en la entrevista un relato completo de por qué no puede volver a su país de origen», dice Muñoz.
Si bien reconoce que el procedimiento ha mejorado con personas vulnerables, critica que todavía haya solicitudes con necesidades específicas que no se detecten de forma temprana. «A nivel conceptual, es correcto. Es más la interpretación que se hace».
Una odisea para latinoamericanos
De las 70.750 solicitudes de asilo presentadas en lo que va de 2023, unas 26.430 fueron de Venezolanos, seguidas por 23.430 de Colombia y 6.147 de Perú, según datos del Ministerio del Interior. Una cifra de demandas que contrasta con las 17.499 que tuvieron resultados desfavorables, encabezadas por Colombia, con 7.762 solicitudes denegadas y Perú, con 1.519. Por otro lado, se aprobaron 26.041 solicitudes de asilo a Venezolanos por razones humanitarias, y otras 113 a Perú por el mismo motivo.
«La tasa de rechazo de las solicitudes de Perú y Colombia es más alta que la de venezolanos debido a la crisis migratoria que ha dado lugar al desplazamiento de más de 4 millones de personas, lo que ha comportado una política más laxa para este país», explica a DW Anna Ayuso, investigadora del CIDOB. Por otro lado, destaca que en el caso de Perú, aunque hay problemas políticos, el principal motivo de las solicitudes es económico, mientras que en Colombia, también se une el incremento de la violencia, que se ha disparado en los últimos años.
Muñoz argumenta que son los fallos del sistema los que impiden una resolución favorable. «Venezuela, Colombia, Perú son países que tienen largos procesos de deterioro de derechos humanos. Por lo tanto, no es que sean países donde no se dan estas persecuciones definidas en la Convención de Ginebra, de hecho, sí que se dan. Por el contexto, son países que generan personas refugiadas«, justifica.
Sistema de asilo saturado, ¿sin solución?
En 2022 se alcanzó un nuevo récord de solicitudes en España, con 118.842. La cifra es ligeramente superior a la cifra del año previo a la pandemia, en 2019, y un 82% superior a la de 2020.
Desde CEAR abogan por utilizar los llamados CREADE, es decir, los Centros de Recepción, Atención y Derivación puestos en marcha para personas desplazadas por la guerra en Ucrania. «Planteamos ese mismo modelo para las personas solicitantes de protección internacional, que sean como unas `ventanillas únicas de asilo´», dice Muñoz. CEAR presentó el pasado 19 de junio un informecon recomendaciones para paliar la congestión que vive el sistema de asilo, entre las cuales también pide que se garantice un proceso de inclusión efectivo, así como medios para atender a personas con necesidades especiales.
«La inclusión es la mejor forma de apoyar a las personas refugiadas en el exilio«, dijo a DW Luiz Fernando Godinho, portavoz de ACNUR en las Américas.
Las solicitudes de asilo se conceden por razones de protección de personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual.
