Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordarán el próximo lunes, con motivo de un Consejo en Bruselas, prolongar otro año su régimen de sanciones contra personas relacionadas con la crisis que atraviesa Venezuela, que actualmente cuenta con más de 60 nombres.
Las medidas restrictivas impuestas por la UE en vista de la situación en Venezuela se prorrogarán por otros doce meses, según confirmaron este viernes fuentes comunitarias.
La UE decidió imponer esas sanciones a la luz de las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho” en el país latinoamericano, así como de «las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, también en relación con el desarrollo y acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El pasado 10 de enero el Consejo de la UE adoptó formalmente la decisión de prorrogar otro año más las medidas, que volverán a ser prolongadas otros doce meses.
En esa fecha y ante la falta de avances en derechos democráticos en el país, la UE añadió a otras 15 personas a la lista, entre ellas la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez.
En esta ocasión no se prevé que se incluyan nuevos nombres a la lista negra, indicaron a EFE fuentes comunitarias.
La lista en vigor incluye a 69 personas sujetas a sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de proporcionarles fondos o recursos económicos, tanto directa como indirectamente. Además, están sujetas a prohibiciones de viaje en la Unión Europea.
La UE introdujo medidas restrictivas contra Venezuela en noviembre de 2017, que incluyen además un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna.
Estas medidas específicas están diseñadas para no tener efectos humanitarios adversos ni consecuencias no deseadas para la población venezolana, y pueden revocarse, según explica la UE.
El club comunitario sigue reclamando la liberación de todos los presos políticos, que Venezuela respete sus compromisos en virtud del derecho internacional y que el país se implique en una transición política pacífica e inclusiva.
