Un tribunal de apelaciones permitió este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, lo que marca una nueva victoria de la Casa Blanca en su cruzada por terminar con el beneficio migratorio otorgado por el Ejecutivo.
Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California suspendió la orden de un tribunal de distrito que había permitido a los inmigrantes continuar con el amparo que protege de la deportación a alrededor de 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses.
Los beneficiarios nepalíes del TPS afectados por el fallo han vivido legalmente en Estados Unidos durante más de 10 años, mientras que los beneficiarios hondureños y nicaragüenses afectados han mantenido por más de 26 años.
Las órdenes de terminación del amparo del Departamento de Seguridad Interna les otorgan solo 60 días a los inmigrantes antes de perder el estatus.
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que puso final al amparo, que los protege de la deportación, debido a «animosidad racial».
En ese sentido, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin argumentó a comienzo de mes que la cancelación del amparo responde a un mandato para «restaurar la integridad» del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS.
«El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto; sin embargo, así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas», subrayó la funcionaria.
En contraste, Emi MacLean, abogada de la Fundación la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU) del Norte de California, dijo hoy en un comunicado que el ataque de este Gobierno al TPS forma parte «de una campaña coordinada» para privar a los inmigrantes que no son ciudadanos de cualquier estatus legal.
«El fallo de hoy es un revés devastador, pero no es el fin de esta lucha. La protección humanitaria TPS es importante y no se puede diezmar tan fácilmente», agregó la abogada.
Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) criticó la decisión del panel y advirtió que los demandantes «merecen algo mejor» de lo que los jueces determinaron.
El fallo del panel implica que los beneficiarios nepaleses del TPS perderán su estatus legal y autorización de trabajo de inmediato, y los beneficiarios hondureños y nicaragüenses del TPS perderán su amparo el 8 de septiembre.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que promueve la Alianza TPS, indicó que el fin del amparo causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40.000 ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS.
La Administración Trump también ha cancelado el TPS a unos 350.000 venezolanos y al menos medio millón de haitianos, entre otros migrantes.
