El excongresista estadounidense David Rivera comparece ante un tribunal federal a partir de este lunes, acusado de ejercer labores de lobby ilegal ante funcionarios de los Estados Unidos. Según la fiscalía, Rivera habría actuado para evitar la imposición de nuevas sanciones económicas contra el gobierno del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Los fiscales federales en Miami sostienen que, en el año 2017, Rivera recibió aproximadamente 20 millones de dólares provenientes de entidades estatales venezolanas. El objetivo de estos fondos habría sido mejorar las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, una actividad que el exrepresentante presuntamente realizó sin inscribirse en el registro de agentes extranjeros, tal como lo exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).
El juicio, que se estima tendrá una duración de varias semanas, podría arrojar luces sobre el papel desempeñado por la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en estos esfuerzos de acercamiento durante los primeros meses de la administración de Donald Trump.
Entre los elementos destacados del proceso judicial se encuentran los siguientes puntos: Cargos presentados: Rivera, de 60 años, enfrenta 10 cargos que incluyen conspiración para lavar dinero y la falta de registro como agente extranjero. Testigos potenciales: La fiscalía ha indicado la posibilidad de llamar a declarar al actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien fue senador y aliado político de Rivera en el sur de Florida. Argumentos de la defensa: Los abogados de Rivera sostienen que su cliente no estaba obligado a registrarse, ya que trabajaba para una filial estadounidense de PDVSA. Además, alegan que su intención real era colaborar con la oposición venezolana para desplazar a Maduro del poder.
David Rivera, quien representó al sur de Florida en el Congreso entre 2011 y 2013, fue arrestado en 2022 y ha permanecido en libertad bajo fianza desde entonces. El exlegislador se ha declarado no culpable de todos los cargos imputados.
La acusación señala que Rivera organizó reuniones en 2017 entre funcionarios venezolanos y políticos estadounidenses como parte de esta estrategia de influencia. Sin embargo, la investigación resalta que, a pesar de los supuestos esfuerzos de lobby, el gobierno de Trump terminó por endurecer las sanciones contra el país suramericano en los años posteriores.
