La nueva política ya no limitará el tiempo que un niño o que su familia pueden permanecer bajo custodia de las autoridades

El Gobierno de Donald Trump anunció este miércoles 21 de agosto, que quiere ampliar de manera indefinida el límite legal de 20 días que un niño migrante puede estar detenido en Estados Unidos, desatando las críticas de opositores y organizaciones de derechos humanos.

La nueva política -que se implementaría en 60 días si no es objetada judicialmente- ya no limitará el tiempo que un niño o que su familia pueden permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias como lo hace el Acuerdo de Flores, que data de 1997.

“El Acuerdo de Flores, que data de hace décadas, está desfasado y no tiene en cuenta el cambio masivo de la inmigración hacia familias y menores de América Central”, dijo la Casa Blanca a través de un comunicado. 

Foto: EFE

Trump, quien ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular un eje de su Gobierno y un mensaje central de su campaña, lanzó en 2018 una política de “tolerancia cero” que propició que más de 2.300 niños fueran separados de sus padres migrantes y que tuvo que suspender ante una ola de indignación. 

Desde la Casa Blanca, Trump defendió que con sus políticas el número de personas que llegan a la frontera está en retroceso y agradeció a México, con quien firmó un acuerdo migratorio para frenar el flujo de desplazamiento irregular, negociado bajo la amenaza de imponer aranceles. 

“Una de las cosas que va a pasar cuando se den cuenta de que las fronteras están cerrándose (…) es que no van a venir”, dijo Trump a los periodistas. 

Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que esta regla va a permitir cambios significativos tanto de estatutos como operacionales. 

“Este año hemos visto un flujo sin precedentes de unidades familiares, la mayoría de América Central, que llegan a nuestra frontera sur”, dijo Kevin McAleenan, el secretario interino del departamento, antes de viajar a Panamá donde se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo y con ministros centroamericanos para hablar de seguridad. 

Según McAleenan, en los diez meses anteriores a julio, unas 475.000 personas que viajaban en familia cruzaron la frontera de forma irregular desde México.