Las medicinas modificadas servían para tratar enfermedades como hemofilia, diabetes, artritis y cáncer, así como había analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antidiarreicos, antibióticos, entre otros

Las autoridades colombianas desarticularon una red que ingresaba al país medicamentos de contrabando. Muchos de ellos en mal estado y vencidos, desde Ecuador y Venezuela para venderlos en varias regiones, informó este domingo la Fiscalía.

En investigaciones judiciales realizadas en las ciudades de Santa Marta y Cartagena de Indias, así como en Medellín, fueron capturadas 16 personas que al parecer hacían parte de la red que ingresaba los productos vencidos al país y los modificaba para ponerlos a la venta en droguerías.

En la operación, las autoridades también incautaron más de tonelada y media de medicamentos “que habrían sido alterados y estaban listos para ser comercializados”.

Esos productos farmacéuticos “vencidos y en mal estado”, detalló la Fiscalía en un comunicado, eran movilizados en vehículos que no cumplían con las condiciones sanitarias para su conservación desde las fronteras hasta Cartagena de Indias y Santa Marta, donde se alteraba “su composición, empaques y sellos de fabricación y de caducidad”. Luego, los medicamentos eran vendidos y enviados a farmacias del departamento de Antioquia en donde “se ofrecían a precios inferiores a los que normalmente tienen en el mercado”.

Esas medicinas modificadas servían para tratar enfermedades como hemofilia, diabetes, artritis y cáncer, así como había analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antialérgicos, antidiarreicos y antibióticos, entre otros productos “catalogados de alto costo o de uso institucional”.

Los detenidos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, corrupción de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial y enajenación ilegal de medicamentos. De los 16 capturados, siete fueron enviados a cárceles y los otros nueve recibieron detención domiciliaria.

En la operación participaron cuatro fiscales y 120 investigadores de la Dirección Especializa contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la entidad, así como hubo apoyo del Ejército, la Secretaría de Salud de Antioquia y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).